La Coalición IA Ciudadana, integrada por 123 organizaciones de la sociedad civil, ha pedido al Gobierno español que no permita que las grandes empresas tecnológicas manipulen la regulación del uso de la inteligencia artificial (IA).
Como parte de su estrategia digital, la UE quiere regular la IA para establecer las condiciones de desarrollo y uso de esta tecnología innovadora que puede aportar muchos beneficios, como una mejor asistencia sanitaria, un transporte más seguro y limpio, una fabricación más eficiente y una energía más barata y sostenible, explica la página web del Parlamento Europeo.
Por eso, desde hace meses la UE trabaja en el futuro Reglamento de Inteligencia Artificial, un texto que, cuando se apruebe, será la primera norma del mundo sobre IA.
La UE advierte de las "prácticas peligrosas" de la IA
En este contexto, en mayo, la Coalición IA Ciudadana envió una carta a la Presidencia Española del Consejo de la UE advirtiéndole de que los sistemas de IA conducen a "prácticas peligrosas", como la vigilancia masiva de la población, que además de amplificar las desigualdades sociales, "pone en grave peligro nuestros derechos fundamentales y los procesos y valores democráticos".
Hoy, esta Coalición ha pedido expresamente a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que se aseguren de que la nueva regulación impida que los sistemas de IA queden en manos de las empresas que la desarrollan.
La misiva pide a la secretaria de Estado que la futura regulación de la IA prohíba tecnologías peligrosas que puedan amplificar la pobreza, el racismo y la discriminación, e insiste en que es necesario hacer un estudio de impacto sobre los derechos fundamentales que pueden verse afectados por estas tecnologías para "evaluar y mitigar riesgos".
Reconocimiento biométrico
Asimismo, para estas organizaciones sociales es necesario prohibir las tecnologías de reconocimiento biométrico que permiten el reconocimiento facial, de emociones y del lenguaje corporal en los espacios públicos, tanto en tiempo real como posteriormente, porque "atentan contra el derecho a la intimidad, la privacidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como el derecho a la protesta".
Por último, la Coalición IA Ciudadana -integrada por Amnistía Internacional, SOS Racismo, Oxfam Intermon, la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Fundación Hay Derecho, la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), entre otras muchas- lamenta "la escasa participación de la sociedad civil y la falta de transparencia e interlocución en las negociaciones" sobre el Reglamento de la IA.
"La participación de la sociedad civil es fundamental para garantizar la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía, así como alertar de los posibles riesgos de la IA que la legislación tiene que hacer frente", subraya Judith Membrives i Llorens, portavoz de la coalición y técnica en incidencia digital en Lafede.cat, una de las organizaciones de la Coalición.
"El Gobierno español se comprometió a impulsar una transformación digital bajo el paraguas del humanismo digital, pero ahora ha llegado el momento de aterrizar ese concepto en unas disposiciones legales específicas que protejan los derechos y libertades amenazadas de la ciudadanía", concluye Anabel Arias, responsable de derechos digitales de CECU y portavoz de la Coalición.
