Un caso de malversación de caudales públicos cometido durante ocho años desde el puesto de secretaria interina del Ayuntamiento del valle de Goñi y que superó los 100.000 euros extraidos de las arcas municipales llegará el próximo mes a juicio en los tribunales navarros, salvo que antes se alcance una conformidad. Por el tipo de delito del que se trata, el procedimiento, que se juzgará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, se celebrará con jurado popular. Sin embargo, en este caso, la vista oral, que está señalada durante tres jornada, se antoja que no tendrá excesivas complicaciones habida cuenta de que la acusada ha reconocido al menos la parte sustancial de los hechos y ha devuelto la cantidad que le reclamaba el Ayuntamiento. En total, 109.583,92 euros.

El Ministerio Público reclama para ella cuatro años de prisión y su inhabilitación durante ocho años por un delito de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad. La Fiscalía le estima a la procesada la atenuante de reparación del daño, al haber devuelto el dinero.

El asunto no había trascendido hasta el momento aunque se apartara a la funcionaria de su labor en el Consistorio. El fiscal recuerda que la mujer estuvo ejerciendo desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 23 de febrero de 2022 labores de secretaria interina del Ayuntamiento en cuestión. De esta forma, según la Fiscalía, “amparándose en esa condición funcionarial y con ánimo de enriquecerse ilícitamente, la acusada se apropió ilícitamente de un total de 101.338,48 euros, desde el año 2014 hasta el 15 de enero de 2022, por distintas vías”. En concreto, realizó “retiradas de efectivo de la cuenta bancaria del Ayuntamiento que no respondían al pago de deudas o cantidades debidas por el mismo”. En otras ocasiones, efectuó “retiradas de efectivo de la cuenta bancaria municipal, para realizar pagos en metálico que se soportaban en un certificado realizado por la acusada que acreditaba pagos por trabajos, servicios realizados para el Ayuntamiento o aportaciones de este a entidades, asociaciones o para la financiación de actos, no existiendo dichos trabajos, servicio y aportaciones, resultando que los certificados no se ajustaban a la realidad que mostraban”.

Retiradas, tarjetas y operaciones

También en otras ocasiones realizaba “gastos en establecimientos comerciales para la adquisición de bienes y servicios ajenos al Ayuntamiento, con cargo a la tarjeta de crédito personal de la denunciada, que, posteriormente, se compensaban con retiradas de efectivo desde la cuenta bancaria de titularidad municipal o con transferencias desde esta cuenta a la cuenta bancaria personal de la denunciada” e igualmente se dedicaba a crear “gastos injustificados, so pretexto de otros gastos legítimos del Ayuntamiento, bien duplicando tales gastos, bien por razón de servicios inexistentes”.

Otra de las prácticas irregulares que se ha detectado fue la “generación de gastos justificados con facturas a nombre del Ayuntamiento, por bienes o servicios no entregados o no prestados al Consistorio”, así como la “adquisición de bienes imputados injustificadamente por la denunciada como gasto propio de un establecimiento arrendado por el Ayuntamiento y apropiados por la denunciada”. Las cantidades así obtenidas ilícitamente por la denunciada fueron las siguientes:773,52 euros en el año 2014; 6.287,79 euros en 2015; 6.417,80 euros en 2016; 12.977,43 euros en 2017; 15.351,04 euros en 2018; 16.502,82 euros en 2019; 20.587,67 euros en 2020 y 22.440,41 euros en 2021 y 2022.

Asimismo, según la Fiscalía, la acusada confeccionó documentos oficiales mendaces, en virtud de los cuales se generaron operaciones con IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) deducible, que se incluyeron indebidamente en las declaraciones del IVA del Ayuntamiento, por un importe total de 2.578,75 euros. La cantidad reclamada por el Ayuntamiento del valle de Goñi suma a 109.583,92 euros, ingresados en la cuenta del propio Ayuntamiento por parte de la procesada el día 29 de abril de 2022.