Malestar por la proliferación de parques solares y eólicos en los terrenos comunales en Navarra

La caza se enfrenta desde hace años a múltiples e importantes desafíos. Algunos de ellos son externos, como las habituales campañas desinformativas y plagadas de falacias de los grupos animalistas, y otros son internos, como la falta de relevo generacional. Pero, además, los cazadores han de realizar su relevante función de control de la fauna cinegética en la naturaleza superando las zancadillas de las administraciones públicas, ya sea el propio Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, o los ayuntamientos.

En este caso, algunas de estas últimas instituciones en Navarra están desarrollando una serie de políticas en torno a los terrenos comunales, para dar entrada en ellos a empresas que construyen y gestionan huertas solares y parqueos eólicos. Estas instalaciones de energías renovables suponen para las arcas municipales unos destacables ingresos, aunque los cazadores ponen la voz de alarma en varios puntos, como la incorrecta tramitación a la hora de modificar los usos de estos lugares, o la inexistencia de reinversiones en el medio ambiente o de medidas correctoras (en favor de la naturaleza) de las acciones de las citadas empresas.

Como se recuerda, los terrenos comunales están destinados al uso y disfrute de la comunidad local en la que estén incluidos. La normativa en Navarra establece que estos enclaves no deben experimentar cambios en su naturaleza ni en su tratamiento jurídico, independientemente del uso o disfrute que se les dé. En el reglamento específico sobre los comunales, publicado el 17 de marzo de 1981, se establece que, para cualquier modificación en el uso de los terrenos comunales, se debe abrir un período de exposición pública de un mes y es necesario contar, además, con la aprobación del Ejecutivo foral. Sin embargo, la percepción de muchos cazadores es que este procedimiento no se está cumpliendo, impidiéndoles trasladar sus objeciones a los proyectos.

El sector cinegético denuncia que se está vulnerando su derecho a la caza, ya que el marco legal garantiza que los lotes o aprovechamientos forestales deberían publicarse y someterse a subasta pública, para permitir la participación de los vecinos y para favorecer la transparencia en la gestión de los consistorios. No obstante, esa no es su principal reivindicación, sino que hay tres aspectos que critican y en los que ven necesaria una adaptación para, por un lado, lograr el cumplimiento efectivo de la normativa, y, por otro, cuidar del medio ambiente.

El primero de ellos hace referencia a la reinversión de los beneficios. En los últimos años, se está haciendo patente que cada vez más ayuntamientos se muestran proclives a permitir la construcción de instalaciones de energías renovables en los terrenos comunales, debido a los elevados ingresos que perciben, ya sea tanto de los rendimientos anuales, como de las propias licencias de obra. El problema es, como ponen de manifiesto los cazadores, que de esos beneficios no se destina ni un solo euro a proyectos para mejorar el estado de la fauna, es decir, para tratar de corregir el impacto negativo que esas instalaciones han tenido en la naturaleza y en las especies cinegéticas.

El segundo punto ahonda en esta cuestión, aunque refiriéndose a las compañías energéticas. Estas empresas están obligadas, antes de acometer cualquier obra para instalar un parque solar o eólico, a realizar unas declaraciones y estudios de impacto ambiental, cuyas exigencias serán mayores cuanto más grandes sean las dimensiones del espacio que vayan a ocupar. Dentro de esos documentos, se incluye la ejecución de medidas correctoras, cuya finalidad es revertir los perjuicios generados en el medio ambiente. También en este caso, los actores del sector cinegético comprueban que la voluntad de las empresas para llevarlas a cabo es prácticamente nula, ya que o no se hacen o solamente se ponen en práctica el primer año, sin contar con un seguimiento o mantenimiento en los años posteriores. Por tanto, se generan dos perjudicados: el mayor de ellos, el de la fauna; y, después, el de los cazadores, que ve reducida en gran medida la superficie de las zonas cazables.

En este sentido, todavía se da una situación más, que también va en contra de los cazadores. Según marca la ley en Navarra, los titulares de la gestión y los dueños de esta clase de infraestructuras son los responsables de los daños que genere la fauna que viva dentro de esas huertas solares y parques eólicos, si bien se intenta que los cazadores también los asuman. Así se remarca en la ley: “De los daños producidos por la fauna cinegética que habita en el interior de zonas vedadas a la caza por razones de seguridad, tales como autopistas, autovías u otras infraestructuras viarias o de riego, huertas solares, etc., y que cuenten con zonas adyacentes valladas en toda su longitud, se considerará responsable al propietario titular o concesionario de las mismas”.

Habitualmente, especies como los conejos suelen hacer sus madrigueras dentro de estos lugares, ya que ahí obtienen una mayor protección, al estar prohibida la caza en ellas. Después, como pueden atravesar las vallas sin ningún problema, salen a comer fuera, ocasionando unos daños en los cultivos que, en algunas zonas de Navarra donde esta especie se ha convertido en una plaga, son cuantiosos. A pesar de que, según fija la ley, las empresas que gestionan esas instalaciones de energías renovables son las que tienen que abonar los daños, ya se han dado casos de agricultores que han denunciado a la sociedad de cazadores en cuestión por no haberles pagado los daños. El perjuicio a los cazadores, así, es doble, porque sus zonas de caza se ven minimizadas y, además, se les continúa exigiendo que controlen a unas especies en lugares donde, según la ley, ellos no son los responsables.

En este último ámbito, los cazadores reclaman a los ayuntamientos que, a la hora de redactar los pliegos de condiciones de las cesiones de terrenos comunales, hagan una mayor incidencia en el cumplimiento de planes de mejora de hábitat. Y, si esas cesiones se acuerdan en favor de un agricultor, que no sea este el que las tenga que sufragar de su propio bolsillo, sino que el precio que pague al consistorio se reduzca, en función de las hectáreas que deje de cultivar para llevar a cabo esos proyectos de mejora de hábitat.

Los integrantes del sector cinegético son plenamente conscientes de que los usos tradicionales que se han dado desde hace décadas a los terrenos comunales han de convivir con las nuevas demandas de desarrollo y sostenibilidad, ya que las huertas solares y los parques eólicos constituyen un avance hacia un futuro menos dependiente de los combustibles fósiles. Pero, al mismo tiempo, defienden que la implementación de este tipo de instalaciones debe efectuarse por medio de un enfoque integral, que tome en consideración no solo la rentabilidad económica de los ayuntamientos, sino también el impacto medioambiental y social que acarrean.

La Federación Navarra de Caza, como organismo encargado de velar por los derechos de los cazadores en la Comunidad foral, estima necesaria una gestión mucho más transparente e inclusiva de los terrenos comunales. Tal y como expresa su presidente, José Ángel Remírez, “se deben tener en cuenta las voces de todos los afectados, incluidos los cazadores y otros usuarios tradicionales de estos terrenos”. A su vez, afirma que “es imprescindible que se lleven a cabo inversiones para mejorar el hábitat de la fauna, para que se garantice que los beneficios de estos parques eólicos y solares también se reinviertan en la naturaleza y, de ese modo, se dé un sano equilibrio entre desarrollo y conservación”.