El despacho especializado en reclamaciones económicas Bufete Abogados Iribarren, que de hecho creó la plataforma Reclama Triodos y que ha formalizado demandas por todo el Estado de afectados por los CDA del banco ético, ha sido el primero en España que ha obtenido una sentencia a favor de una clienta y en contra de Triodos en todo el Estado. El pionero fallo de la Audiencia de Navarra sienta, según los letrados Jorge Iribarren Ribas e Iñaki Iribarren Artola, "un precedente importantísimo por los inversores que se han visto afectados por situaciones similares. La resolución sienta jurisprudencia". Hasta ahora, las escasas Audiencias Provinciales que se habían pronunciado solo lo habían hecho a favor de la entidad bancaria. La Sala en pleno de la Sección Tercera de la Audiencia ha decidido de forma unánime darle la razón a la consumidora, revocar la sentencia de primera instancia y anular las contrataciones, porque no se informó debidamente de los riesgos asociados al producto.

El bufete explica que "este caso subraya que los bancos y otras entidades financieras tienen una responsabilidad fundamental en proporcionar información clara, transparente y accesible sobre los productos que ofrecen. En este contexto, la falta de transparencia y la omisión de detalles clave sobre la naturaleza y los riesgos de los CDA llevaron a que se declarara la nulidad de los contratos. La protección del consumidor frente a prácticas comerciales desleales o engañosas es un principio esencial para mantener la confianza en el sistema financiero y asegurar que las decisiones de inversión se basen en un conocimiento real de lo que se está adquiriendo".

El abogado Jorge Iribarren se felicita por la resolución "porque llevamos trabajando años en aras de conseguir que los afectados por los días de Triodos vayan recuperando su dinero. Es una grandísima noticia para todos los que confiaron en la plataforma Reclama Triodos". Por su parte, su socio Iñaki Iribarren destaca que "es un avance significativo para la protección de los derechos de los inversores en productos financieros complejos. Este fallo marca un hito en la jurisprudencia y, sobre todo, en nuestra Comunidad Foral, y refuerza la responsabilidad de las entidades financieras en la adecuada comunicación de los riesgos asociados a sus productos".