Navarra: los trabajadores de centros de discapacidad reclaman un nuevo convenio para el sector

Un grupo de trabajadores y trabajadoras de centros de personas con discapacidad han reclamado ante el Parlamento de Navarra la negociación de un convenio para el sector, el sexto, y han rechazado el "inmovilismo" de las posturas empresariales y del Gobierno foral.

El convenio afecta a unas 2.000 personas en Navarra, que atienden a unos 700 usuarios y usuarias, y se intenta negociar desde hace casi un año con "un avance cero".

Tras una pancarta con el lema Convenio de discapacidad ¡Ni un paso atrás!, los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT han apelado a la responsabilidad del Gobierno foral en las condiciones de unos trabajadores de centros privados pero cuyos servicios están concertados con la Administración pública.

Por ello, entre los lemas coreados se han podido escuchar los de Gobierno de Navarra eres responsable, los centros no funcionan y tu lo sabes, Los presupuestos los meten en su cestos y para mi convenio quedan los restos, Gobierno de Navarra, escúchame, si me pisas me pongo en pie o Derechos Sociales, derechos laborales.

En declaraciones a los periodistas, en nombre de los convocantes Laura Álvarez de Eulate ha lamentado el "inmovilismo" de las empresas y del Gobierno foral en la negociación de su sexto convenio, ya que, lejos de aceptar la plataforma de mejora de condiciones presentada por la parte social, "nos plantean es un empobrecimiento y un empeoramiento del convenio que teníamos hasta ahora en vigor".

Así, ha explicado que los sindicatos pretenden mantener salarios con subida del IPC más 2 % , mientras que las empresas ofrecen una subida del 2 %, pero "nos rechazan todas las modificaciones o mejoras que pedimos en lo que puedan ser, mejoras sociales que no tengan repercusión económica".

"Nuestras reivindicaciones son justas, somos las personas que realizamos día a día los cuidados a las personas más vulnerables y que son responsabilidad directa del Gobierno de Navarra", que a su vez "adjudica a las empresas privadas que pretenden hacer negocio con estos cuidados", cuando "el dinero sale al cien por cien exclusivamente de las administraciones", han dicho apelando a la responsabilidad del Gobierno.