La madre del niño Gabriel denuncia amenazas de muerte por parte de la asesina de su hijo

En una rueda de prensa celebrada en Almería, Ramírez ha reclamado este miércoles medidas urgentes para evitar una "revictimización constante" de familias afectadas por este tipo de casos.

Además ha criticado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila haya rechazado su personación como acusación particular en las diligencias mediante las que se investiga si trabajadores de la cárcel de Brieva facilitaron teléfonos móviles a cambio de sexo a Ana Julia Quezada, a quien le consta una condena de prisión permanente revisable por el asesinato del menor.

"Creo que todo esto me afecta directamente a mí y a mi familia", ha manifestado Ramírez en una rueda de prensa en la que ha señalado que ella misma inició el procedimiento hace justo un año después de interponer una denuncia ante la UCO de la Guardia Civil mediante los datos y testimonios que le trasladaban confidentes de dentro y fuera de la prisión en relación al posible rodaje de un 'true crime' sobre la asesina, con la participación de la misma desde dentro de la cárcel.

AMENAZAS DE MUERTE

Ramírez ha revelado que, desde hace más de un año, recibe información procedente tanto del interior como del exterior de la cárcel de Brieva (Ávila), donde cumple condena Quezada, sobre posibles irregularidades, como la tenencia de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual, o incluso la preparación de un documental con la participación de la asesina confesa.

"La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, que hay vídeos sexuales, que hay grabaciones para un documental, que hay personas que mueven dinero por ello", ha afirmado.

Según ha explicado, entre esos datos recibidos se encuentra una amenaza directa: "A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel. He hecho llegar esta información, pero nadie me responde. Nadie investiga".

En esta línea, ha resaltado que otras personas relacionadas con Quezada también estarían interesadas en "vengarse" de ella, y ha sostenido que recibe llamadas de desconocidos desde hace tiempo, algo que ya ha denunciado ante la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

Ramírez ha narrado además que fue el 31 de diciembre del pasado año cuando se vio obligada a interponer una segunda denuncia ante la Guardia Civil de Almería tras haber tenido constancia por fuentes cercanas a ella que Ana Julia Quezada habría manifestado que la "quiere matar" por haber "boicoteado" el documental que, según sostiene, aún está "en ciernes".

"Me dicen que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental", ha manifestado la madre del niño Gabriel, quien ha asegurado que pasó "miedo" y entró "en alarma" al saber que la reclusa se quería "vengar" de ella, para lo que podría valerse de terceros.

Ramírez ha explicado que la situación se trasladó a la Guardia Civil de Ávila, para solicitarle una protección de los datos personales de su denuncia, con la que se incoó la investigación por el presunto cohecho en prisión, puesto que además comenzó a recibir ciertas llamadas de teléfono de origen desconocido.

Asimismo, interpuso una denuncia en Almería que si bien se archivó en un primero momento, después fue recurrida y ha permitido mantener abierta una investigación que está a la espera de recabar testimonios de esas presuntas amenazas.

"ERRORES" EN PRISIÓN

Patricia Ramírez ha criticado la postura mantenida desde instituciones penitenciarias en relación a la asesina de su hijo al entender además, en el marco de la investigación iniciada, que podría haber "chantajes" a la prisión para no revelar los vídeos de naturaleza sexual con trabajadores del centro filmados con los teléfonos que la interna poseía.

"Creo que es más fácil reconocer los errores, la falta de control dentro de prisiones, sobre algunos aspectos que nos dañan a las víctimas, y subsanarlos, que seguir tapando y negarla mayor", ha señalado la madre de Gabriel, quien ha afeado además que en el último aniversario de la muerte de su hijo trascendiera en medios de comunicación que Ana Julia Quezada tiene un "comportamiento ejemplar" y que "hace yoga".

Así, ha manifestado que los "chantajes" estarían orientados a un interés de la presa por ser trasladada a una prisión de Barcelona a cambio de no "sacar todo lo que tiene", lo que ha puesto en conocimiento de Guardia Civil e incluso del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, según ha mencionado.

"Si además hay un procedimiento que se está instruyendo en Ávila (...) ¿cómo se está accediendo de alguna manera a que se le puedan dar esos permisos de traslado?", se ha cuestionado Patricia Ramírez, quien ha asegurado además que dicho traslado se va a realizar de forma "urgente" una vez declare en el contexto de la investigación.

La madre de Gabriel se ha opuesto al traslado de Ana Julia Quezada a una prisión de Cataluña al entender que allí el ámbito de competencias es diferente, toda vez que esto la acercaría a su actual pareja sentimental, quien "le ha ayudado en determinadas cosas", así como a la frontera con Francia, con lo que lo podría "tener más fácil, no solo para hacer más cositas" sino también "para escaparse, porque ya no tiene nada que perder".

"Me siento impotente, incapaz. El ejercicio de contención es extraordinario. Y encima, las puertas de quien me deberían defender, me las cierran continuamente", ha lamentado Patricia Ramírez, quien ha vuelto a reclamar una mayor "protección" a las víctimas de delitos violentos y a sus familias para evitar una "revictimización" a través de los agresores, que se ven afamados por los medios, así como otros casos de notoriedad como el recientemente vivido por el libro de José Bretón sobre el crimen de sus hijos.

DENUNCIA POR COHECHO

La madre del 'pescaíto' ha señalado que ella misma fue quien ha "destapado" esta situación a través de la denuncia que originó la investigación judicial por cohecho, por la que, de momento, aparece como investigado un funcionario del centro penitenciario de Brieva que ha sido apartado, al igual que un cocinero, si bien se ve en "indefensión" no solo al no poder participar como acusación particular en la causa, sino por el "ninguneo" que, según ha afirmado, ha sufrido al intentar aportar documentos y datos al proceso.

En su relato, ha recordado la comparecencia pública en la que, en mayo del pasado año, advirtió de la posible grabación de un documental con la participación de la presa mediante móviles introducidos en prisión, lo que dio lugar a que el serial fuera "pospuesto" y se produjeran cacheos y registros en la cárcel.

Según sus datos, uno de esos móviles habría acabado en casa del mismo funcionario que se lo habría proporcionado, aunque no le habría impedido a la interna el acceso a otros terminales mediante 'vis-a-vis' o contactos con otras reclusas. Sostiene además que Ana Julia Quezada habría estado comunicada por teléfono durante más de tres años para asegurarse las grabaciones.

Ramírez ha recalcado que para ella fue un "duro golpe" que el juzgado denegara su personación como perjudicada en la causa, que pidió el 28 de octubre del pasado año, después de estar "aguantando, sabiendo todas estas informaciones, sufriendo, conteniéndote, no diciendo, callando", al tiempo que trataba de poner en conocimiento de las autoridades los datos que recababa.

"Como acusación popular yo no aparezco como perjudicada", ha explicado la madre del menor, quien ha aclarado que con su representante legal han solicitado esta otra vía para poder estar presentes en el caso a pesar de que, según entienden, la posibilidad de que se introdujeran hasta cuatro teléfonos móviles en la prisión, según sus datos, ha estado siempre orientada a que se "grabe un documental" que le afecta a ella.

En este sentido, ha recordado que la reclusa está condenada, además de por el asesinato del menor, por un delito de lesiones psíquicas y otro contra la integridad moral, sentido en el que ha incidido en su rol de "perjudicada" al amparo del estatuto de la víctima al entender que sus movimientos, enfocados a la creación del supuesto serial, también la perjudican.

"Puedo estar perjudicada por todos esos tratos de favor y lo que pueda estar haciendo con todo esto", ha dicho a la hora de describir sus intentos de contactar con el instructor, así como con la Fiscalía de Ávila, tanto de forma directa como a través de la oficina de asistencia a las víctimas, con infructuosos resultados.