La fiscal ha mantenido en el juicio su petición de 18 años de prisión y una multa de 30 millones de euros para el ciudadano sueco Joakim Peter Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella (Málaga), la exdiputada y exsenadora del PP Ángeles Muñoz, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves la vista con las conclusiones definitivas de las partes, entre ellas la fiscal, que ha rebajado sus peticiones para once de los 24 acusados al haber confesado los hechos y que fruto del acuerdo de conformidad con la Fiscalía han aceptado ser condenados a penas de entre dos y cinco años de cárcel.
Para los trece acusados que no han reconocido los hechos la fiscal ha solicitado diversas penas, la mayor de ellas para Broberg, de 18 años de prisión, y para los demás de entre dos y 16 años, mientras que los abogados defensores han pedido su absolución al estimar que no se ha probado que cometieran estos delitos.
Joakim Peter Broberg es hijo del empresario sueco ya fallecido Lars Gunnar Broberg, que fue marido de Ángeles Muñoz y que también fue investigado por ayudar supuestamente a aquel a blanquear beneficios de actividades ilícitas.
Se declaró "inocente" de todas las acusaciones
En su declaración en el juicio el pasado miércoles Joakim Peter Broberg manifestó haberse dedicado principalmente a los negocios inmobiliarios y se declaró "inocente" de todas las acusaciones de la fiscal.
En esta causa son juzgados 24 acusados -once suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio- por su supuesta relación con una organización dedicada al transporte de sustancias estupefacientes, principalmente hachís y marihuana entre España y Suecia, abasteciéndose de droga en Marruecos entre 2019 y 2020.
Durante su informe la fiscal ha mantenido que en 2019 Broberg y el español Roberto B.C. -para quien ha pedido siete años de prisión- realizaron entregas de marihuana desde España a Francia.
Para la fiscal Broberg ejercía de jefe y se ocupaba de mantener los contactos con los proveedores y los clientes mientras que Roberto B.C. realizaba las entrevistas personales y los seguimientos.
Así ha relatado que sobre las ocho de la mañana del 19 de agosto de 2019, por orden de Broberg, Roberto B.C. se dirigió a una gasolinera de Marbella, donde contactó con un hombre al que entregó droga.
La fiscal ha señalado que esta persona fue detenida posteriormente en Francia con más de 90 kilos de marihuana.
En este sentido ha aclarado que aunque no se les ha intervenido droga a los acusados ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que permite condenar por narcotráfico si hay indicios de que se ha traficado con estupefacientes, y ha indicado que las conversaciones intervenidas a los procesados demuestran que manejaban importantes cantidades de droga y no para el consumo.
Según la Fiscalía Broberg mantuvo en 2020 contactos con proveedores de droga de Marruecos para trasladarla a España en barco y para ello constituyó un grupo con Roberto B.C. y otro acusado, el sueco Marko M.H., que contactó con miembros de otras redes.
A juicio de la fiscal Marko M.H. desempeñó el papel de financiador de las operaciones de tráfico de drogas coordinadas por Joakim Peter Broberg.
Más de siete millones de euros blanqueados
Por otra parte la fiscal se ha remitido al informe de la Policía Nacional que concluye que Broberg y sus colaboradores blanquearon más de siete millones de euros supuestamente procedentes del narcotráfico a través de diversas operaciones, la mayoría inmobiliarias.
Este jueves han emitido también sus informes los abogados de tres de los acusados, los suecos Iván C., su exesposa Marinella C. y Marko M.H., que se enfrentan a peticiones de la fiscal de 16, 5 y 13 años de prisión, respectivamente.
Además de pedir la absolución de todos ellos por falta de pruebas de cargo han alegado nulidades durante el procedimiento como la interceptación de conversaciones a través de la red de comunicaciones encriptadas EncroCHat. Han advertido de que la legislación española no permite la interceptación masiva de comunicaciones no individualizadas "en vivo" sin autorización judicial.
