El presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (CENAFE), Miguel Galán, ha salido al paso de la polémica en torno a la cobertura financiera de Osasuna, defendiendo de forma tajante la total legalidad de la operación. A través de un análisis jurídico‑deportivo, el dirigente ha desmentido el relato que acusaba a la entidad navarra de "apostar contra sí misma", calificando el movimiento como una acción lícita, prudente y habitual dentro de la gestión de riesgos empresariales.
Según expone Galán, la contratación de una póliza por valor de 1,2 millones de euros para percibir una indemnización de 6 millones en caso de descenso responde estrictamente a la lógica indemnizatoria del derecho de seguros. El objetivo del club era puramente corporativo: trasladar a un tercero el impacto de una eventual caída brusca de ingresos —como los derechos audiovisuales o patrocinios— para complementar la ayuda regulada de LaLiga. El presidente de CENAFE aclara que el término "apuesta" pertenece al relato derivado de las revelaciones sobre la plataforma estadounidense Kalshi, pero subraya que Osasuna firmó un seguro tradicional con el bróker Howden, siendo la aseguradora la que decide cómo diversificar o reasegurar ese riesgo en los mercados de predicción.
Desde la perspectiva de la integridad y el juego limpio, Galán descarta categóricamente que existan elementos de corrupción deportiva en este escenario. El dirigente argumenta que no hay ningún concierto para manipular partidos, ni uso de información privilegiada, ni tampoco un incentivo racional para preferir perder la categoría, puesto que el daño deportivo, económico y reputacional de bajar a Segunda División supera con creces la indemnización de 6 millones de euros.
Finalmente, el máximo responsable de CENAFE destaca que la transparencia de la operación queda fuera de toda duda al haber sido comunicada formalmente al presidente de la Comisión de Control Económico para su posterior reflejo en las cuentas anuales. Con este posicionamiento, Galán zanja el debate normativo y ampara la actuación del club rojillo como una práctica de previsión empresarial plenamente compatible con los códigos éticos del fútbol español.