El juez del Supremo pide los datos de la vida laboral de la última década de Cerdán, Koldo y de los empresarios investigados

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó este jueves en un auto, a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, realizar sendos requerimientos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para obtener datos los empresarios investigados en la causa y de sus empresas, y de la fundación Fiadelso, para completar la verdadera situación patrimonial de las personas físicas, así como de las personas jurídicas en cuyo beneficio pudieran las primeras haber venido actuando.

El juez explica que la información que se obtenga podrá ser cruzada con los datos bancarios de dichas personas que ya fueron solicitados a diferentes bancos en los mandamientos acordados hace unas semanas. Añade que permitirá “conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuáles determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquéllas, al efecto de confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, en lo hasta ahora practicado”.

El auto requiere, primeramente, a la Agencia Española de la Administración Tributaria para que aporte el correspondiente Informe de Suministro a los Juzgados, relativo a las personas físicas y jurídicas que se detallan en la parte dispositiva de esta resolución y para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, requerimiento que se harán extensivo, por lo que respecta al investigado Joseba Antxon Alonso Egurrola y a su mercantil Servinabar 2000, S.L.U. a la Hacienda Foral de Navarra.

VIDA LABORAL DE SANTOS CERDÁN, KOLDO Y EMPRESARIOS

 En segundo lugar, requiere a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral de los cinco empresarios que tienen la condición de investigados en la causa (Joseba Antxón Alonso -Servinabar 2000-, Antonio y Daniel Fernández Menéndez -de la empresa OPR-, Fernando Agustín Merino -delegado de Acciona en La Rioja-, y José Ruz -Levantina Ingeniería y Construcciones-), así como de los también investigados Santos Cerdán y Koldo García, y de la exmujer de este último Patricia Uriz Iriarte.

Esta petición a la Seguridad Social también se refiere al periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos, y señala el juez, se realiza “al efecto de conocer el desempeño laboral desarrollado por las mismas en el referido espacio de tiempo y, en consecuencia, el vínculo que aquéllas hubieran podido mantener con determinadas personas físicas, investigadas en este procedimiento, o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban”.