Asesinada una mujer cada ocho días por violencia de género durante 2025

El año 2025 ha vuelto a marcar un saldo doloroso en la lucha contra la violencia de género en Estado español. Según los últimos datos del Ministerio de Igualdad, al menos 46 mujeres y tres menores perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas. Este balance mantiene la tendencia de años anteriores, demostrando que, pese a la concienciación social y los avances legislativos, la violencia machista continúa cobrándose víctimas de manera sistemática.

Junio fue el mes más trágico, con ocho mujeres y un menor asesinados. La cifra es especialmente significativa si se recuerda que en 2024 se contabilizaron 49 mujeres y nueve menores víctimas mortales, un registro histórico en el caso de los menores junto al año 2015. Desde 2003, cuando se comenzaron a recopilar estos datos de manera oficial, 1.341 mujeres han muerto, víctimas de sus parejas o exparejas, un dato que refleja la persistencia de un problema estructural y social que sigue golpeando con crudeza.

El Ministerio de Igualdad alerta sobre un dato particularmente preocupante: en más del 78% de los casos de violencia machista de este año no existía denuncia previa. Esta cifra evidencia que la prevención y la protección siguen siendo insuficientes y que muchas víctimas siguen atrapadas en relaciones de riesgo sin poder o sin atreverse a pedir ayuda. Los expertos coinciden en que la denuncia sigue siendo un factor determinante para prevenir los homicidios, y que la sociedad necesita romper el silencio que rodea a este tipo de violencia.

Andalucía, la comunidad con más casos

Por comunidades autónomas, Andalucía acumuló el mayor número de mujeres asesinadas el pasado año con 14 casos (29,8%). Le siguen Catalunya con cinco, Madrid y Comunidad Valenciana con cuatro cada una, y Extremadura con tres. Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia cuentan con dos cada una.

Por su parte, tanto en la CAV como en Nafarroa se contabilizó en 2025 un asesinato por su pareja o expareja en cada uno de estos territorios, una realidad que se repitió igualmente en Aragón, Baleares, Castilla y León y La Rioja, donde los registros oficiales reflejan un único caso en cada comunidad.

En total,7 mujeres fueron asesinadas en Euskal Herria durante el pasado año. La última, una mujer de 54 años en Barakaldo (Bizkaia), poco antes de Navidad. El presunto asesino fue un compañero de trabajo.

La franja de edad de las víctimas refleja que la violencia de género afecta a mujeres de todas las edades, aunque el mayor número se concentra entre los 41 y 50 años (14 víctimas), seguidas por las de 31 a 40 años (11 víctimas). También se registraron casos de mujeres mayores, entre 71 y 84 años, y jóvenes de 18 a 20 años, mostrando que la violencia machista no respeta edad ni experiencia vital.

El perfil de los agresores es también revelador: de los 46 hombres implicados, 27 eran españoles y cinco se suicidaron tras cometer el crimen, mientras que otros nueve intentaron quitarse la vida sin éxito.

En el caso de los menores víctimas de violencia vicaria, en 2025 fueron tres, asesinados en abril, mayo y junio por la pareja o expareja de su madre. Desde 2013, cuando se comenzaron a recopilar estos datos, 65 menores han perdido la vida en estas circunstancias. Uno de los menores tenía en el momento del crimen entre 1 y 2 años, otro entre 5 y 6, y el último, de 13 a 14. Los tres eran españoles, mientras que sus presuntos agresores, dos tenían nacionalidad extranjera y el otro, española.

Obstáculos para atajar la violencia de género en 2025

2025 estuvo condicionado por varios aspectos relevantes, entre ellos la ampliación de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género y la aprobación por el Gobierno de un anteproyecto de ley centrado en la violencia vicaria. Un año que, no obstante, también se vio salpicado por la controversia generada en torno al uso de las pulseras telemáticas para agresores.

La Fiscalía General del Estado advirtió en su memoria correspondiente a 2024 de la existencia de absoluciones derivadas de fallos en el Sistema Cometa, la plataforma que gestiona estos dispositivos de control. Unas incidencias que situaron el foco en la fiabilidad del sistema y abrieron un debate público sobre su funcionamiento.

Desde el Ministerio de Igualdad explicaron en septiembre que las “incidencias técnicas puntuales” detectadas se produjeron durante el proceso de migración de datos coincidente con el cambio de la empresa adjudicataria del servicio. Además, afirmaron que dichos problemas “fueron solventados”.

El propio ministerio subrayó posteriormente que la memoria de la Fiscalía de 2025, en la que se recoge esta cuestión, se elaboró con antelación y con datos referidos a 2024. “El problema quedó resuelto a finales de 2024 y, de hecho, en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia”, sostuvieron desde el equipo que encabeza Ana Redondo.

Tras los hechos, Redondo ordenó que se realizara una auditoría interna y otra externa para esclarecer lo ocurrido. “Tomaremos las medidas oportunas, pero lógicamente tenemos que terminar primero esas investigaciones para deducir de ahí que efectivamente hay un incumplimiento de contrato”, aseguró la ministra de igualdad n un encuentro con los medios de comunicación en diciembre.

Nuevas competencias para los juzgados especializados

Paralelamente, los juzgados especializados en violencia sobre la mujer asumieron en octubre nuevas competencias, incluyendo delitos contra la libertad sexual y la trata de seres humanos cuando la víctima es mujer. La medida, prevista en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y en cumplimiento del Convenio de Estambul, generó tensiones entre magistrados, que alertaron de que la carga de trabajo era “inasumible” sin recursos suficientes.

El Consejo General del Poder Judicial estima una sobrecarga media del 12,9%, y los jueces advirtieron de que la atención a las víctimas podría volverse más lenta y estandarizada, contraviniendo la especialización judicial que busca garantizar un trato cercano y eficaz.

Para paliar esta situación, el Gobierno central aprobó en junio la creación de 50 nuevas plazas judiciales, aumentando en un 42% el número de jueces especializados en violencia de género. Además, en febrero se aprobó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contempla 461 medidas, de las cuales ya se ha iniciado la ejecución de 235. Entre ellas, el anteproyecto de Ley Orgánica de Violencia Vicaria tipifica este delito como autónomo, con penas de hasta tres años de prisión, y prohíbe la difusión de contenidos relacionados con dicho delito, protegiendo así la intimidad de las víctimas y el derecho a la recuperación emocional.

Las autoridades recuerdan que existen múltiples canales de asistencia para las víctimas de violencia de género: el teléfono 016, el WhatsApp 600 000 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el chat online en la web oficial y la aplicación ALERTCOPS. Todos estos servicios permiten asistencia inmediata, con atención jurídica y psicológica en más de 50 idiomas y accesibilidad para personas con discapacidad.

Retos pendientes para 2026

De cara a 2026, los desafíos legislativos y de implementación siguen siendo numerosos. Uno de los objetivos prioritarios es la aprobación de una ley integral contra la trata de personas.Según la ministra de Igualdad, Ana Redondo, los problemas derivados de los contextos internacionales y de las “complejidades internacionales” son “los más complicados” y los que están llevando “más tiempo” para desarrollar el texto.

“Es un texto complejo porque hace referencia a la trata no solo por motivos de explotación sexual sino a todo tipo de trata y por lo tanto hay que perfilar y se plantea un texto muy completo, muy transversal y complejo”, argumentó la ministra.

Otro debate que previsiblemente marcará la agenda del próximo año es el relativo a la abolición de la prostitución. Se trata de un tema políticamente sensible que, por el momento, no figura en el Pacto de Estado ni en los acuerdos del Gobierno con Sumar, lo que dificulta su tramitación en un escenario parlamentario fragmentado.

También está pendiente la tramitación y desarrollo de una ley específica sobre violencia económica que ayude a las mujeres a encontrar un “empleo digno” y una solución habitacional. “No es fácil porque ahí nos encontraremos también con dificultades en relación con otros ministerios. Todo lo que es igualdad es muy transversal y esa es una dificultad añadida”, afirmó Redondo en el mismo encuentro para añadir que es la última de las leyes que tiene en cartera y que “va a costar”.