SUCESOS
Atropellan a un hombre de 78 años y a una mujer de 75 en la calle Sadar
El Cermin pide reparación para víctimas de esterilización forzada por discapacidad
Los afectados, principalmente mujeres y niñas, jamás han recibido disculpas
La presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra(CERMIN) y patrona de la Fundación CERMI Mujeres, Mari Luz Sanz Escudero, solicitó este viernes al Parlamento de Navarra, en una comparecencia, que plantee al Congreso la aprobación de una ley estatal de reconocimiento, reparación e indemnización dirigida a las personas con discapacidad que fueron esterilizadas de forma forzada o sin su consentimiento, mayoritariamente mujeres y niñas adolescentes con discapacidad intelectual o psicosocial, muchas de ellas incapacitadas judicialmente y privadas de su capacidad jurídica en el momento en que se autorizó esta práctica.
Esta comparecencia responde a “una de las grandes asignaturas pendientes en materia de derechos humanos para las mujeres y niñas con discapacidad en España”, según destacó el CERMI en una nota.
La presidenta expuso que la esterilización forzada o no consentida fue “una práctica permitida por la legislación española durante más de tres décadas, constituyendo una vulneración grave y sistemática de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”. “Hoy no venimos solo a hablar de derechos en abstracto, venimos a hablar de memoria, de justicia y de reparación”, afirmó.
La propuesta de la Fundación CERMI Mujeres, respaldada por CERMI Navarra, contempla el reconocimiento oficial de las víctimas, la declaración de nulidad de los procedimientos judiciales que autorizaron estas esterilizaciones, una indemnización económica justa y adecuada, medidas de rehabilitación integral, así como acciones de reparación simbólica, incluido un acto público de perdón por parte del Estado y garantías efectivas de no repetición.
En su comparecencia, Sanz apeló al compromiso del Parlamento de Navarra para que traslade esta iniciativa a la Mesa del Congreso de los Diputados, subrayando la “urgencia de dar respuesta a una deuda histórica”. “Muchas de estas mujeres han envejecido sin haber recibido jamás una disculpa ni un reconocimiento institucional del daño sufrido”, señaló.
Desde la Fundación CERMI Mujeres subrayaron que esta iniciativa “no persigue reabrir heridas, sino cerrarlas con justicia, verdad y reparación”. “Reconocer a las víctimas de esterilización forzada o no consentida por discapacidad es una obligación democrática ineludible y una exigencia derivada de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por España. Las mujeres y niñas con discapacidad no pueden seguir esperando y las decisiones sobre sus cuerpos no se pueden adoptar sin su voluntad”, afirmaron.