Claves de la regularización de migrantes: requisitos, plazos y cómo solicitarla
La norma será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de abril y entrará en vigor al día siguiente, el jueves 16 de abril
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que dará inicio al proceso de regularización administrativa extraordinaria de miles de personas migrantes que ya residen en el Estado. La norma será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 15 de abril y entrará en vigor al día siguiente, el jueves 16 de abril.
Desde esa misma fecha quedará abierto el periodo de solicitudes, que podrá realizarse de forma telemática, mientras que el sistema de cita previa para la atención presencial también se activará ese día. La atención presencial en oficinas comenzará el 20 de abril.
Este Real Decreto permite que personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo, siempre que cumplan los requisitos establecidos. El permiso tendrá una vigencia inicial de un año, tras el cual los beneficiarios deberán integrarse en las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, avanzando hacia una integración progresiva.
¿Cuándo y cómo se podrá solicitar?
La solicitud podrá presentarse desde el jueves 16 de abril. La vía telemática estará disponible de forma ininterrumpida, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, durante todo el periodo habilitado, aunque será necesario disponer de certificado electrónico.
El sistema de cita previa podrá activarse mediante la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del sistema Cl@ve, mediante un formulario web o llamando al teléfono 060, con atención en español.
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La atención presencial se realizará en oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, con al menos una oficina habilitada por provincia, además de oficinas de Correos en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes.
La comunicación del inicio del procedimiento habilitará automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional, independientemente del sector. Además, se asignará un número de la Seguridad Social. En el plazo de un mes desde la resolución favorable definitiva, los beneficiarios deberán solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
El proceso permitirá tramitar de forma simultánea solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia en una sola cita.
Requisitos para los solicitantes
Para acceder a la regularización será necesario acreditar que la persona reside en España desde antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido de forma ininterrumpida al menos cinco meses antes de la solicitud.
Asimismo, será imprescindible no tener antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.
Para justificar la estancia, se podrán presentar documentos públicos o privados, o una combinación de ambos, que incluyan datos personales identificables y fechas.
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En el caso de personas en situación irregular, deberán acreditar además uno de estos tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar con hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Para este último caso, podrá descargarse un certificado de vulnerabilidad desde la web del Ministerio de Inclusión, que deberá estar acreditado y sellado por autoridades competentes, ya sean entidades del Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX) o servicios sociales.
Acompañamiento, integración y apoyo institucional
El procedimiento se enmarca en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural, considerado el primer gran hito de esta estrategia. El Gobierno defiende que refuerza un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social.
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha subrayado que “con este proceso se pretende garantizar los derechos de las personas migrantes y dotar de seguridad jurídica al sistema”, y ha asegurado que será “un procedimiento ágil, eficaz y sin trabas”. Además, ha añadido que “el plazo estará abierto hasta el 30 de junio” y ha destacado: “Hoy es un gran día. Hoy España, que ya es un gran país, se convierte en un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos”.
El Ejecutivo ha reforzado el papel de los profesionales del ámbito jurídico, especialmente abogados especializados en extranjería, así como graduados sociales y gestores administrativos, que podrán acompañar y representar a los solicitantes durante todo el proceso.
También se desarrollarán sesiones técnicas con el Consejo General de la Abogacía para reforzar la coordinación institucional. Paralelamente, se ha creado el RECEX, en el que participan sindicatos y entidades sin ánimo de lucro con al menos dos años de experiencia en acompañamiento a personas extranjeras. Su labor será gratuita y su listado se publicará y actualizará en la web del Ministerio. Estas entidades conformarán un censo de personas habilitadas para actuar como representantes en la solicitud telemática.
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