¿Cuál es el coste de mantener las unidades concertadas? las claves financieras del cierre de aulas en Infantil

Mantener las unidades educativas de la red concertada y evitar su cierre supondría un coste estimado de 1,3 millones de euros, cifra que podría elevarse hasta 8 millones anuales si se igualaran ratios en el conjunto del sistema. Son las cifras que ha puesto sobre la mesa el PSN —y no el Departamento de Educación— tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que ha tramitado este lunes, por la vía de urgencia y lectura única, la proposición de ley de UPN para impedir el cierre de aulas de 3 años.

Desde el PSN, Ainhoa Unzu ha situado el debate en términos de modelo educativo y legalidad, al sostener que “o se blinda la concertada o se defiende la educación pública” y advertir de que la propuesta de UPN “tiene claros tintes de ilegalidad”. La portavoz socialista ha subrayado que “a un Gobierno no se le puede pedir que incumpla la ley” ni “blindar conciertos educativos sin demanda”, al tiempo que ha defendido que su grupo seguirá priorizando la escuela pública incluso en escenarios de minoría.

El planteamiento de UPN incide en la no supresión de aulas y en la existencia de una mayoría parlamentaria alternativa. Javier Esparza ha asegurado que “si hay voluntad política en Navarra no se cerraría ningún aula” y que “parece que hay una mayoría parlamentaria que se debería respetar”. Ha calificado la decisión del Ejecutivo de “error de bulto” y ha defendido su proposición de ley como una vía para revertir la situación dentro de un procedimiento que, ha recordado, sigue abierto hasta que el Gobierno resuelva definitivamente.

EH Bildu ha continuado con una posición crítica tanto con la decisión del Departamento como con la iniciativa de los regionalistas, poniendo el acento en la falta de consenso y en la necesidad de revisar los datos. Laura Aznal ha considerado “precipitada” la decisión de cerrar aulas y ha apuntado que “hay factores suficientes a tener en cuenta como para no haber tomado esta decisión”, aunque también ha expresado reservas sobre la proposición al señalar que “el preámbulo no me gusta nada”. En todo caso, ha insistido en que “hay margen para hablar, para acordar” en un contexto en el que, a su juicio, no existe un acuerdo amplio.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha reconocido un avance en la red pública y se ha abierto la puerta a correcciones en la concertada. El portavoz ha valorado que no se cierren aulas públicas como “un avance positivo”, pero ha remarcado que “hay margen para corregir” la situación en la concertada y ha apelado a que el departamento “escuche el clamor” de las familias. En ese sentido, ha deslizado que, si el marco legal limita las decisiones, “igual hay que cambiar las leyes”, aunque ha reiterado la voluntad de alcanzar una solución dentro del propio Gobierno.

Finalmente, Irene Royo (PP de Navarra) ha centrado su crítica en el impacto sobre la concertada y en la falta de coherencia del ajuste. Royo ha denunciado que el cierre de aulas supone “un nuevo ataque a la educación concertada y una discriminación evidente” y ha cuestionado que el ajuste, inicialmente previsto para ambas redes, recaiga finalmente solo en la concertada “sin una explicación clara”, reclamando un debate “más profundo” sobre el modelo educativo.