El salón institucional del Parlamento de Navarra ha acogido este lunes un acto conmemorativo que ha tenido tanto de celebración como de llamada a la acción. Dos décadas después de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el mensaje que ha sobrevolado la jornada ha sido claro: los avances son innegables, pero la igualdad real aún no está garantizada. En ese tono se ha expresado el presidente de la Cámara, Unai Hualde, quien ha advertido de que “queda mucho trabajo por hacer” para eliminar los obstáculos —muchos de ellos invisibles— que siguen condicionando la vida de las personas con discapacidad. Su intervención ha ido más allá de lo institucional para poner el foco en lo cotidiano: derechos que existen, sí, pero que no siempre se ejercen en igualdad de condiciones.
Dignidad, autonomía, accesibilidad y participación
Hualde ha dibujado un marco de referencia que combina principios y realidad. Ha hablado de dignidad, autonomía, accesibilidad y participación, conceptos que han pasado a formar parte del discurso público, pero cuyo cumplimiento —ha venido a decir— sigue siendo desigual. La Convención, ha recordado, no solo cambió leyes, sino también mentalidades: marcó el paso de un modelo asistencial a un modelo basado en derechos.
Ese cambio de paradigma se ha traducido en Navarra en avances legislativos concretos, como la Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad, que el presidente ha definido como un hito. Pero también ha querido reconocer que detrás de esos avances hay un trabajo sostenido del movimiento asociativo, con mención especial al CERMIN, que este año cumple 25 años.
Precisamente desde CERMIN, su presidenta, Mari Luz Sanz, ha aportado una mirada que mezcla balance y reivindicación. Para Sanz, la Convención ha sido “una conquista colectiva”, fruto del empuje de las propias personas con discapacidad, sus familias y las entidades sociales. Un instrumento que ha permitido avanzar hacia una sociedad más inclusiva y más consciente de que la diversidad no es una excepción, sino una riqueza.
Sin embargo, el tono de su intervención ha evitado cualquier autocomplacencia. “No es solo un día de celebración, es un día de reafirmación”, ha señalado, insistiendo en la necesidad de mantener vivo el principio de participación real: “nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”. La inclusión, ha añadido, no es un horizonte lejano, sino una práctica diaria que interpela a toda la sociedad.
El acto ha continuado con la lectura del manifiesto del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de representantes de distintas entidades. En él se ha recordado el carácter transformador de la Convención de 2006, que supuso una ruptura con las visiones asistencialistas y colocó a las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos.
El texto ha repasado algunos de los logros alcanzados en estos veinte años: reformas legales para combatir la discriminación, avances en accesibilidad universal, impulso de la educación inclusiva y del empleo, y una apuesta creciente por la vida independiente. Pero también ha puesto nombre a lo que aún falla: barreras persistentes, desigualdades estructurales y estigmas que siguen condicionando oportunidades.
Desigualdades y estigmas que condicionan oportunidades
En ese equilibrio entre lo conseguido y lo pendiente ha transcurrido la jornada. Un aniversario que no se limita a mirar atrás, sino que obliga a preguntarse hasta qué punto los derechos reconocidos se traducen en experiencias reales de igualdad.
Porque, como ha quedado patente en cada intervención, la inclusión no se mide en declaraciones ni en aniversarios, sino en algo mucho más concreto: la posibilidad de vivir, decidir y participar en la sociedad en las mismas condiciones que cualquier otra persona.
