¿A qué centros afectaría rehacer la matrícula? Educación advierte de un impacto "impredecible"

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha advertido este martes en sede parlamentaria de que la proposición de ley foral impulsada por UPN para blindar la concertada puede tener un impacto directo en numerosos centros educativos, tanto concertados como públicos, con una reducción de vacantes, posibles aulas sin alumnado y el desplazamiento de estudiantes. Según ha expuesto, la aplicación de la norma obligaría a rehacer el proceso de escolarización y afectaría a la libertad de elección de las familias.

En un primer momento, el Departamento de Educación cifró en 19 las aulas de Infantil de la red pública y en 14 las de la concertada afectadas por la planificación, para posteriormente rectificar y anunciar que no se cerraría ninguna unidad en la pública —ya que, aunque habrá cierres, también se producirán aperturas, con un balance neto de cero—. Sin embargo, este martes ha señalado que, finalmente, la red pública ganará dos unidades.

El titular de Educación también ha alertado de que la propuesta afectará a la libertad de elección de las familias. Ha recordado que, en la asignación provisional de plazas de tres años para el curso 2026-2027, el 98,9% del alumnado ha obtenido plaza en su primera opción, una cifra que, según ha advertido, “se verá disminuida como consecuencia de la ley”.

Gimeno ha denunciado además que la proposición introduce “dos medidas contradictorias entre sí”, al plantear la reducción de ratios en la enseñanza concertada —hasta 23 alumnos en Infantil y Primaria y 28 en la ESO— y, al mismo tiempo, obligar a mantener el mismo número de unidades que en el curso anterior. Esta situación, ha explicado, impedirá el desdoble de grupos y obligará a rehacer la adjudicación de plazas.

“No es una amenaza, es la realidad”, ha afirmado, al detallar que la reducción de la ratio de 25 a 23 alumnos, sin incremento de unidades, provocará una disminución de las vacantes en centros concertados. Ha citado casos concretos como San Ignacio, Liceo Monjardín, Irabia-Izaga o Miravalles-El Redín, en la Comarca de Pamplona, así como la Compañía de María de Tudela.

Un número de afectados “impredecible”

El consejero ha añadido que el número de afectados es “impredecible”, ya que al rehacerse el proceso de adjudicación con menos plazas disponibles “entran en juego todas las opciones”. Además, ha señalado que la ley obligaría a mantener 15 unidades concertadas que no han registrado ninguna preinscripción, como en los centros Luis Amigó, Ikastola San Fermín o Nuestra Señora del Huerto, “llegando al extremo de tener aulas concertadas con cero alumnos”.

Entre las consecuencias, también ha destacado que la norma implicaría suspender la nueva oferta de Formación Profesional prevista para el próximo curso, lo que perjudicaría el desarrollo económico y laboral de Navarra. Como ejemplo, ha mencionado la imposibilidad de implantar los ciclos de cocina y restauración en la ETI de Tudela, donde se han realizado inversiones significativas.

En la red pública, Gimeno ha advertido de que la imposibilidad de incrementar unidades obligará a desplazar alumnado a otros centros. Ha señalado el caso de 17 alumnos del Colegio Público Huertas Mayores de Tudela, que “tendrán que ser desplazados” pese a la elevada demanda, así como la situación de la unidad de modelo D en el colegio de Falces.

Finalmente, ha calificado la proposición de ley de UPN como “incoherente y un despropósito legal”, al considerar que, “por intentar recuperar 15 unidades concertadas innecesarias, se genera incertidumbre en 377 unidades ya autorizadas y se pone en riesgo la planificación de los centros públicos”.