El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha afirmado que “el Departamento es ajeno a las mayorías políticas” y ha defendido que su actuación responde a criterios de equidad y al cumplimiento de un acuerdo programático, en el marco del debate sobre la planificación educativa y la proposición de ley foral presentada por UPN. En una intervención en el Parlamento, justo 24 horas después de su comparecencia ante los medios para informar sobre las consecuencias de la propuesta regionalista, ha vuelto a advertir de las “graves consecuencias” que podría acarrear esta iniciativa en el sistema educativo navarro.
Gimeno ha insistido en que “el Departamento de Educación no está gestionando en base a mayorías políticas”, sino que actúa “por equidad y en favor de la escuela pública y de la igualdad de oportunidades”. En este sentido, ha subrayado que “las mayorías políticas no garantizan esta cuestión, porque no lo van a hacer” y ha reiterado que su departamento trabaja “en base a un acuerdo programático firmado”, desligándose así de “las mayorías de una supuesta proposición de ley foral”.
El consejero ha explicado que la última revisión de conciertos educativos pone de manifiesto el impacto de la caída demográfica. Así, ha señalado que en el curso 2022-2023 se registraron 700 solicitudes más que en el proceso de prematrícula recientemente finalizado para el curso 2026-2027. Esta tendencia, ha indicado, se traduce en una reducción del alumnado del 16%, lo que obliga a gestionar “adecuadamente la curva demográfica” para evitar que “la escuela pública pueda seguir perdiendo peso en esta etapa”.
Critica los mensajes “simplistas”
En este contexto, ha criticado que varios grupos parlamentarios planteen “blindar la educación concertada para que no le afecte el bajón demográfico que sí está afectando a la escuela pública”. A su juicio, se trata de “un mensaje absolutamente simplista, mágico e improvisado”, que persigue “reducir la ratio para no perjudicar en modo alguno a la red concertada, y no para establecer una mejora de la educación”.
Gimeno ha defendido que la red concertada “no ha salido perjudicada” y que “no ha existido menoscabo alguno a la misma”, asegurando que “se ha cumplido escrupulosamente la ley educativa”. Sin embargo, ha considerado que las propuestas actuales constituyen “una coartada que no se entiende cuando se solicita fortificar la red concertada en detrimento de la pública”, especialmente en un escenario en el que la red pública asume la mayor parte del alumnado con necesidades específicas.
En concreto, ha destacado que la red pública escolariza al 70% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y al 72% del alumnado con necesidades especiales. “Bajo eufemismos, piden que avancemos en la privatización e ignoremos” esta realidad, ha denunciado, al tiempo que ha advertido de que la caída demográfica “se viene cebando en la educación pública por el blindaje de la concertada”.
El consejero ha puesto en valor el trabajo del Gobierno de Navarra en la reducción de la segregación escolar, señalando que la comunidad foral es actualmente la segunda de España que más ha reducido esta brecha desde el curso 2019-2020. En este sentido, ha acusado a los promotores de la iniciativa legislativa de pretender “revertir todo este trabajo” mediante una planificación que, según ha dicho, “ni siquiera responde a la elección de las familias” y que apuesta por “financiar unidades vacías”.
“No hay arbitrariedad”
En relación con la proposición de ley foral de UPN, Gimeno ha trasladado que “no existe ninguna arbitrariedad, sino criterios” en la actuación del Departamento, y ha expresado “serias dudas” sobre su adecuación al ordenamiento jurídico vigente. En particular, ha cuestionado la introducción de una moratoria en los conciertos educativos sin tener en cuenta los requisitos establecidos en la normativa básica estatal.
Asimismo, ha advertido de que la iniciativa elimina la competencia del Departamento de Educación para programar la oferta de plazas, una cuestión que ha calificado de “jurídicamente grave”, ya que la legislación vigente establece que las administraciones deben garantizar la existencia de plazas públicas suficientes atendiendo a criterios de economía y eficiencia.
