El consejero de Educación, Carlos Gimeno, aseguró este jueves que su departamento está trabajando para adaptar su planificación y aprobar una ampliación de crédito que permita aplicar la ley foral que garantiza el mantenimiento de unidades concertadas, una norma que, según reconoció, “obliga al Ejecutivo a actuar en contra de la planificación educativa inicialmente prevista”. Para ello, el Gobierno foral ha autorizado a Educación a incrementar en 1,4 millones el compromiso de gasto para financiar los conciertos que el Parlamento foral ha obligado a Educación a mantener el próximo curso. Con ese aumento, el presupuesto destinado a financiar los centros concertados para los próximos cuatro cursos ascenderá a 139,4 millones de euros.
En declaraciones a los medios, el consejero Gimeno explicó que la aprobación de la disposición transitoria única incluida en la ley foral aprobada por la mayoría parlamentaria “ha blindado la educación concertada” y atribuyó esta situación a la actuación de “determinados grupos políticos” que favorecieron que saliera adelante.
“El Departamento de Educación, muy a su pesar, porque la planificación educativa era absolutamente opuesta a esta cuestión, tiene que cumplir la ley”, aseguró el consejero. Precisamente para ejecutar la norma, el Gobierno aprobó el miércoles uno de los primeros pasos necesarios y autorizó ese incremento de gasto que permitirá financiar las 14 unidades concertadas que inicialmente no estaban incluidas en la previsión de gasto.
“Se han incorporado a todo el expediente plurianual de gasto que había para todos los centros concertados, puesto que no lo estaban”, apuntó el consejero.
Volver a planificar
A partir de ahora, inspectores, unidades gestoras y responsables del Departamento de Educación trabajan para rehacer la planificación del próximo curso, ya que será necesario mantener todos los grupos existentes durante el presente año académico.
En este sentido, Gimeno subrayó que el Ejecutivo aplicará el mismo criterio a la red pública y a la concertada para evitar perjuicios en la enseñanza pública. “La educación pública no va a sufrir ni el más mínimo menoscabo”, afirmó el consejero, al tiempo que defendió que el Departamento de Educación está trabajando “financieramente y administrativamente” para hacerlo posible.
Entre los próximos pasos pendientes, además de la aprobación de una ampliación de crédito, el consejero citó la autorización masiva necesaria para proceder a la contratación del profesorado interino de Primaria y Secundaria de cara al próximo curso. “Son dos cuestiones que se tienen que llevar en los próximos meses”, aseguró Gimeno, quien precisó que el Departamento de Educación está coordinando estos trabajos con Función Pública, Economía y Hacienda y la propia Presidencia del Gobierno.
Preguntado por el impacto presupuestario de estas medidas, el consejero reconoció que se trata de “un gasto no previsto” cuya cobertura corresponde determinar a los departamentos competentes en materia económica. “Entiendo que habrá que trabajar en esos ámbitos”, concluyó Gimeno.
