El despacho de abogados de Erick Santos es uno de los referentes en la gestión de Extranjería en Pamplona y por ello precisamente lleva más de dos meses trabajando a destajo, con la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno central y cuya recepción de solicitudes terminó ayer mismo. Ahora toca que miles de residentes en Navarra esperen la aprobación del trámite. Desde este despacho, ubicado en Buztintxuri, junto a las Oficinas de Extranjería, el equipo de diez letradas que capitanea Santos ha tramitado más de un millar de solicitudes en este tiempo.
La mayoría procedían de ciudadanos originarios de Colombia, Perú, Ecuador, Marruecos y Argelia. Además, recibieron la primera solicitud concedida y aprobada en Navarra, que fue a una persona solicitante de asilo procedente de Colombia y que recibió la buena nueva en mayo. El grueso de personas a regularizar llevaba en torno a un año ya en la Comunidad Foral, pero con la legislación anterior requerían de dos años para ser regularizados por arraigo.
Tres perfiles de solicitantes
Una de las letradas del despacho, Estíbaliz Pascual, explica que uno de los perfiles más habituales de solicitantes y, de hecho, los primeros que están recibiendo la respuesta por parte de la Administración, son los peticionarios de inicio de asilo. De hecho, aún no han tenido ninguna denegación ni inadmisión de las peticiones. “Estos solicitantes son mayoría por los cambios que introdujo el año pasado el Reglamento de Extranjería y que les habían impedido regularizarse. Son personas que estaban trabajando, en activo, porque el asilo te concede de trabajo”, detalla Pascual. Otro perfil de solicitantes de la regularización son aquellas personas adultas que se encontraban en situación irregular y querían acceder al mercado laboral. Entre ellas destacan núcleos familiares de gran vulnerabilidad, y la gran mayoría tiene hijos a su cargo, con que les urge el permiso de trabajo. Por último, destaca un tercer gran grupo de personas que quieren regularizarse, que son los menores que dependen de que sus padres sean regularizados. Son peticiones que se resuelven de manera simultánea.
La abogada Pascual refiere que, en este tiempo, han observado a familias en “situaciones límite, con más de un hijo menor a cargo y que no pueden acceder al empleo, con trabajo complicado o en situaciones de abuso y todo eso implica dificultad de acceso a servicios y vivienda. Son familias muchas ellas que residen en habitaciones compartidas, o que tienen que pagar alquileres altos y sufren situaciones de abuso o de precariedad”.
En este proceso, la documentación necesaria era el pasaporte, un documento que acreditara que había entrado en España antes del 1 de enero y el expediente de antecedentes penales de su país de origen. “Esta ha sido una de las mayores dificultades porque países como Nicaragua, con una convulsa situación política, Cuba o Argelia, tardan muchísimo en enviar los papeles. Entonces haces la solicitud provisional con la documentación de la que dispones. Nuestro objetivo era no dejar tirado a nadie”.
