Navarra comparte con la CAV las políticas de vivienda implantadas

La vicepresidenta y consejera de Vivienda del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro, se reunió ayer con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, con el objetivo de contrastar las distintas vías legales emprendidas por ambas comunidades para proteger el parque de vivienda de protección oficial en alquiler y reforzar la seguridad de las personas inquilinas. El encuentro se produjo después de que el Parlamento de Navarra aprobara la semana anterior tres iniciativas muy relevantes en esta materia: la regulación del alquiler de habitaciones, “aspecto pionero en el Estado que busca poner freno a los abusos poco disimulados que se cometen sobre inquilinos e inquilinas que alquilan habitaciones”, según la consejera; la regulación de los contratos de temporada para evitar “el uso fraudulento de los mismos”; y, finalmente, la reforma destinada a impedir que las viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible pierdan su calificación y puedan pasar al mercado libre.

En este sentido, el Gobierno Vasco quiere conocer de primera mano el alcance jurídico de estas iniciativas, el modo en que han sido impulsada y consensuadas en el Parlamento foral, y su posible utilidad como referencia para abordar situaciones análogas en Euskadi. Tras la reunión, Itxaso subrayó que el encuentro responde a una voluntad compartida entre ambos gobiernos: “Defender a las personas inquilinas, consolidar un mercado protegido de alquiler sano y evitar que decisiones regulatorias del pasado terminen provocando hoy incertidumbre residencial, subidas abusivas o expulsiones encubiertas de familias que accedieron en su día a una vivienda protegida”.

Alfaro, por su parte, afirmó que la aprobación el pasado jueves por parte del Gobierno de Navarra de la proposición de ley que blinda de manera permanente la vivienda protegida de alquiler viene a paliar un déficit existente hasta la fecha “que consistía en que viviendas públicas, construidas con una importante aportación de dinero salido del bolsillo de navarros y navarras, acaben en manos de fondos de inversión privados y en el mercado libre. Con esta aprobación -ha añadido- lo que garantizamos es la seguridad residencia de 2.243 familias de navarras a futuro ya que sus viviendas iban a perder la calificación protegida, 1.300 de ellas en los próximos cinco años”. La reunión entre los gobiernos navarro y vasco, según apuntó ayer el Ejecutivo foral, se ha enmarcado “en una lógica de cooperación institucional y de aprendizaje compartido entre comunidades que afrontan problemas similares desde realidades jurídicas diferentes”.