El Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz ha condenado a un vecino de Montemolín (Badajoz) a un año de prisión, inhabilitación especial para cazar o pescar durante 35 meses y al pago de 20.000 euros de indemnización a la Junta de Andalucía por matar cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo.
La resolución reconoce la gravedad de la caza ilegal de especies protegidas y la necesidad de respetar el marco normativo que vela por su conservación, según ha informado este miércoles la ONG ambientalista Seo/BirdLife, personada como acusación particular.
Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando un grupo de cinco ibis eremitas juveniles, nacidos en el marco del Proyecto de Reintroducción del Ibis Eremita de la Junta de Andalucía y el Zoobotánico de Jerez, realizó un vuelo de dispersión desde el único núcleo reproductor de la especie en España -en Vejer de la Frontera, en Cádiz-hasta el municipio pacense de Montemolín.
La investigación conjunta del Seprona de la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente permitió localizar los cadáveres de las aves, cuatro de ellos con claros signos de haber sido abatidas por disparos de carabina de aire comprimido, algo que no se ha podido determinar en el caso del quinto ejemplar.
"Un grave revés"
El ibis eremita, ha señalado Seo/BirdLife, es una de las aves más amenazadas del mundo, con una única población silvestre viable en Marruecos -con casi 200 parejas y más de 700 ejemplares- y una pequeña población reintroducida en Andalucía.
"La pérdida de estos ejemplares juveniles supone un grave revés para el proyecto de conservación, que en el momento de los hechos contaba con 21 parejas en libertad en España", ha afirmado.
Según David de la Bodega Zugasti, del Área de Gobernanza Ambiental de la ONG, esta condena por la muerte de cuatro ibis eremitas, "una especie que apenas hace unos años ha salido del peligro crítico", es un paso "imprescindible" para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de la biodiversidad.
En este sentido, ha indicado que la persecución penal de estos delitos y el fomento de una cultura de respeto hacia la vida silvestre son "esenciales para disuadir futuras agresiones y para que la sociedad tome conciencia del valor de las especies más amenazadas".
