Varias familias inquilinas de un edificio de viviendas en la calle Peñahitero de Fitero temen que puedan ser deshauciados en los próximos días ante la falta de información y la imposibilidad de obtener respuestas de sus propietarios, el fondo Altamira Luni 6 (del Banco Santander) que, por burofax les ha enviado en varias ocasiones a los usuarios avisos de que tienen una elevada deuda con la firma. El edificio se construyó hace unos 20 años como vivienda de alquiler protegido y ha pasado por diferentes manos, pero incluso no está claro quién es el propietario actual.
Incertidumbre
El pasado 5 de febrero los inquilinos recibieron una carta en la que les advertían que a partir del 28 de febrero la empresa responsable de sus viviendas iba a ser Solvia Servicios Inmobiliarios. Sin embargo, desde el departamento de Vivienda, que es conocedora de la problemática y está buscando una solución, señalaron que las 18 viviendas de Altamira Luni 6 en Fitero, las 48 de Cintruénigo y otras de Cortes van a ser compradas (las de Cortes ya lo han sido y para las otras “existe un contrato de arras”) por la Fundación Acogida Vital, del Grupo Añón, si bien parece no existir relación entre ambas firmas. Esa incertidumbre es la que rodea a las familias afectadas.
De hecho, el pasado miércoles una familia con 4 hijos fue deshauciada de su vivienda en este inmueble de Fitero y han sido alojados por unos vecinos, por lo que ahora en esa viviendas conviven cerca de 10 personas, una situación que ha sorprendido al propio departamento de Vivienda, dado que son familias en situación de vulnerabilidad.
La desesperación en las 18 familias que ocupan estas viviendas, que hasta el pasado mes de diciembre eran de alquiler protegido, es total ya que no saben quién es el propietario ni a quién deben dirigirse, ni siquiera para pagar sus mensualidades. Una de ellas Patricia Alvero (de 44 años y con un hijo de 18 años, que lleva casi 19 años en el piso) relata cómo los problemas de estas viviendas han existido desde siempre. “Ha ido pasando de empresa en empresa con lo que eso conlleva. Es imposible contactar con la inmobiliaria. Hay una asesoría a la que llamas por teléfono, te cogen la incidencia y dicen que pasan la información, pero no se arregla nada. Yo llevo 2 ó 3 años con la caldera estropeada. No hay manera de comunicarse con ellos. El silencio administrativo es una manera de presión para que nos cansemos y nos vayamos. Somos familias vulnerables que si aguantamos aquí todo esto es porque no tenemos donde ir”, explica.
Patricia cuenta cómo dos ó tres veces al año les llega un burofax en la que los propietarios les dicen que “tienen con nosotros una deuda de 3.000 ó 4.000 euros”, “hay que estar constantemente justificando que tú pagas, ¿y dónde lo justificas si no hay forma de contactar? Yo lo hacía en la oficina del Gobierno de Navarra, que se cansaban de decirme ‘a nosotros nos pasa igual con Altamira’”.
“Ha ido pasando de empresa en empresa con lo que eso conlleva. Es imposible contactar con la inmobiliaria. Hay una asesoría a la que llamas por teléfono, te cogen la incidencia y dicen que pasan la información, pero no se arregla nada"
Una solución
El edificio, que se construyó con el sello de alquiler protegido, perdió ese carácter el pasado mes de diciembre, según explica el departamento de Vivienda, por lo que al pasar los 20 años que marcaba el acuerdo con los promotores les impide subvencionar cuando pierden esa calificación y pasan al mercado libre. Por esa razón quedan las familiares bastante desamparadas.
El cambio de lo que se cobra por los alquileres llega hasta el extremo de que la cifra se multiplica por 3 ó por 4 en solo un mes. Ése es el caso de Patricia Alvero que pasó de pagar unos 140 euros en el mes de diciembre (contaba con un 75% de ayudas) a más de 570 euros al mes siguiente, enero. “Me quedo con 571 euros en la cuenta. Con eso tengo que subsistir. Es una medida de presión más para sacarnos de aquí y eso genera estrés y ansiedad”.
Desde Vivienda señalan que ya han tomado cartas en el asunto y que están tratando de encontrar una solución. Por este motivo la semana que viene tienen previsto una reunión con la Fundación Acogida Vital, del Grupo Añón que, según el Gobierno foral, se va hacer cargo tanto de las 18 viviendas de Fitero como de las 47, que también poseía Altamira en Cintruénigo, y otras en Cortes. Sin embargo, los inquilinos nada saben de este grupo y hace unas semanas recibieron la carta de Solvia y la visita de dos personas que les indicaron que eran “los nuevos propietarios”.
"Queremos lograr con el acuerdo es que las viviendas vuelvan a ser de alquiler social, viviendas protegidas, eso nos permitirá que, aparte de que se reduzca un poco el coste del alquiler para las familias, la Administración pueda entrar a subvencionar"
Lo que quiere lograr el departamento con el acuerdo es que las viviendas vuelvan a ser de alquiler social, viviendas protegidas, eso les permitirá que, aparte de que se reduzca un poco el coste del alquiler para las familias, la Administración pueda entrar a subvencionar a las familias en situación de vulnerabilidad. Siendo vivienda libre no pueden entrar en subvencionar, según destacaron desde el departamento. Además hicieron hincapié en el hecho de que Fitero no esté incluida dentro de las localidades con “mercado tensionado” hace que los inquilinos no puedan pedir tres años de prórroga de la calificación de vivienda protegida, lo que les daría un margen a las administraciones para actuar.
Los inquilinos
Patricia Alvero indica que se ha sentido desprotegida ya que nadie les avisó de que se acababa el plazo en que la vivienda dejaba de ser protegida, “el Gobierno de Navarra nos estaba cobrando y de repente me dijeron que ya dejaban de ser subvencionadas, pero nadie nos informó o nos dijo ‘dentro de x meses van a dejar de ser subvencionadas’. De repente pasaron a cobrarnos más de 570 euros”.
Desde el Ayuntamiento de Fitero, su alcalde, Miguel Aguirre, se ha dirigido al departamento de Vivienda para señalar que “ante los desahucios pedimos una alternativa habitacional, medidas extraordinarias y a la propietaria, Altamira Luni 6, que se localice a los interlocutores de la entidad, se reconozca la deuda de cada inquilino y se negocie los plazos a pagar”.
Patricia Alvero manifiesta su intranquilidad y temor ante la situación, “yo he pagado todos los meses el alquiler pero ahora tengo ese miedo, porque no me puedo hacer cargo de los 600 euros. Cuando aún era vivienda protegida devolvía los recibos de Altamira porque me querían cobrar más de lo que marcaba el Gobierno de Navarra. Mandaba notificaciones, llamaba a Altamira pero no servía de nada. Llevamos años de abandono y con esta lucha. Esto es agotador. Nunca se hacía caso ni se arreglaba nada. Tuve un incendio en la casa por el sistema de electricidad, estuve 2 ó 3 años detrás de ellos para que vinieran a arreglarlo pero no lo terminaron de hacer bien y fue un desastre. Tengo la habitación a medias, creó goteras y ahora me entra el agua a chorro cuando llueve. Lo tengo muy claro, quieren que abandonemos y nos vallamos”.
De hecho, ayer mismo, con las fuertes lluvias que cayeron en la Ribera se le inundó parte de la casa y le entraba agua por el techo, “es como una cascada”, describió.
