El 'caso Ramón Lázaro': amaños de partidos, apuestas ilegales y 1,4 millones de euros transferidos al extranjero y convertidos en criptomonedas

La investigación de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional que se ha saldado con la detención del empresario corellano Ramón Lázaro Martínez y otras seis personas, entre las que se encuentran su madre y su esposa, da por desarticulada una supuesta organización criminal que usaba su actividad deportiva para el enriquecimiento ilícito mediante amaños de partidos y apuestas ilegales, además de dobles patrocinios de sus clubes de fútbol y fraude en subvenciones públicas.

El detonante de los arrestos practicados este lunes fue la transferencia, el pasado 27 de mayo, de 1.430.000 euros a una cuenta bancaria en el extranjero con el fin de convertirlos en criptomonedas y sustraerlos así de un posible embargo de la Agencia Tributaria, según figura en el auto dictado este miércoles por el titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela.

La Policía Nacional, en colaboración con la Europol y la Interpol, intervino el dispositivo con las claves del monedero digital durante los registros practicados el 8 de junio en oficinas e inmuebles del empresario, y se consiguió bloquear 530.000 euros que permanecían en una cuenta bancaria.

Doblaje de patrocinios

Según el atestado policial, Ramón Lázaro habría construido desde 2022 una red criminal destinada a su enriquecimiento personal a través de los dos clubes que presidía, el Ribera de Navarra Fútbol Sala y el Club Deportivo Tudelano.

Entre las actuaciones documentadas figuran la adquisición de cuatro inmuebles con fondos de ambas entidades deportivas, inscritos a nombre de su cónyuge para ocultar su origen, así como un sistema de doblaje de patrocinios mediante el cual devolvía en efectivo parte de las cantidades aportadas por los patrocinadores, eludiendo el control tributario.

Las escuchas telefónicas recogen conversaciones en las que el investigado explicaba abiertamente el funcionamiento de dicho sistema a potenciales interesados en hacerse con la gestión de uno de los clubes, según consta en el auto dictado este miércoles por el juez instructor.

Amaño de partidos y apuestas deportivas

La investigación apunta también a la presunta compra de voluntades de jugadores rivales en al menos tres encuentros, con pagos que habrían oscilado entre los 5.000 y los 100.000 euros por partido. Uno de los partidos correspondería al Ribera Navarra Fúbol Sala contra el Palma Futsal en la temporada 2023/2024 y dos al CD Tudelano jugados este año contra el Oviedo Vetusta y el Ejea.

En alguno de los casos, las conversaciones intervenidas muestran negociaciones directas con futbolistas a cambio de que no marcaran goles o rindieran por debajo de sus posibilidades. El investigado habría aprovechado el conocimiento previo del resultado para realizar apuestas deportivas.

Fraude de subvenciones públicas

La investigación también apunta a que Lázaro habría desviado fondos públicos para uso personal. En una llamada del 29 de abril de 2026, el investigado confirma haber cobrado 225.000 euros de una subvención, de los cuales al menos 135.000 euros habrían sido destinados a la compra del club Osasuna Magna —también conocido como Xota—, en lugar de aplicarse a los fines para los que fue concedida la ayuda.

Las escuchas revelan, asimismo, que Lázaro habría solicitado a colaboradores la alteración de facturas para justificar gastos ante la Federación y el Gobierno de Navarra. En conversaciones del 5 y el 14 de mayo de 2026, el investigado explica cómo modificar documentos en PDF convirtiéndolos a Word para cambiar los conceptos y así cumplir los requisitos mínimos exigidos para la percepción de subvenciones al deporte. En una de esas llamadas, pide a su propia madre que realice una transferencia bancaria con el concepto "Servicios médicos Tudela" para apoyar la justificación fraudulenta.

En libertad provisional

El juez instructor ha acordado este miércoles dejar en libertad provisional al empresario corellano y a su madre, los dos únicos arrestados de los siete con los que se ha saldado la operación que permanecían bajo arresto. El magistrado entiende que, pese a la gravedad de los hechos, concurren circunstancias que neutralizan los dos riesgos que justificarían la prisión preventiva.

El riesgo de destrucción de pruebas queda descartado tras la intervención de terminales, documentación, claves de monederos y el embargo de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias. El riesgo de fuga, por su parte, queda conjurado mediante la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y la drástica reducción de su capacidad económica al haberse intervenido la totalidad de su patrimonio conocido, tanto en España como en el extranjero.