Los alcaldes de seis grandes ciudades italianas, Roma, Milán, Nápoles, Turín, Bolonia y Florencia, y los presidentes de las regiones de Emilia Romaña, Toscana, Campania, Apulia y Valle de Aosta, se están rebelando contra las medidas antinmigración propuestas por el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni, como la decisión de eliminar la "protección especial", para los migrantes en riesgo de persecución y peligro de vida en su país.
Los primeros que han iniciado una batalla contra la política antinmigración del Gobierno fueron los presidentes de Emilia Romaña, Toscana, Campania, Apulia y Valle de Aosta que decidieron no firmar la ordenanza de la Protección Civil que nombraba como comisario extraordinario a Valerio Valenti para gestionar los flujos migratorios en el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno.
Voces progresistas
Los presidentes de estas regiones, gobernadas por el Partido Demócrata (PD), afirman que no existe una emergencia en inmigración y por tanto se opusieron a firmar. De esta manera, si el comisario decide la construcción de un centro de identificación y repatriación de migrantes en estas regiones deberá en cualquier caso ser acordada y aprobada por la administración correspondiente, un paso que no será necesario en el resto de regiones.
A ellos se han sumado los alcaldes de seis grandes ciudades italianas: Roma, Milán, Nápoles, Turín, Bolonia y Florencia - todas ellas administradas por progresistas - y que en un documento expresaron su total oposición al decreto ley que esta semana deberá llegar al Parlamento para su aprobación y presentado por el Gobierno tras el naufragio frente a las costas de Calabria (sur), en el que perdieron la vida casi 100 migrantes.
Polémica con la "protección especial"
Antes de su aprobación se prevé introducir varias enmiendas entre ellas la de cancelar la "protección especial" a los migrantes, un tipo de permiso de residencia que se suma a las protecciones internacionales ya existentes y para aquellos que correrían peligro en el caso de regresar a su país.
Los alcaldes destacaron que esta protección está presente en muchos países de Europa y además pidieron la "regularización de los inmigrantes ya presentes en Italia, también a través del recurso al ius scholae (conceder la nacionalidad a los niños migrantes escolarizados).
Pendiente de votación
La eliminación de la protección especial aún no se ha votado en el Parlamento y actualmente se está negociando entre las fuerzas políticas y por lo tanto, la situación es aún provisional, pero sigue generando una gran controversia.
Meloni confirmó este sábado que tiene "como objetivo la eliminación de la protección especial, porque es una protección adicional respecto a lo que ocurre en el resto de Europa", lo que la líder de la oposición y del PD, Elly Schlein, calificó de "vergüenza".
