La Fiscalía portuguesa reveló este viernes que la investigación al ex primer ministro António Costa en un caso de supuesta corrupción que le llevó a dimitir fue abierta el 17 de octubre y prometió "diligencia" y "celeridad" para concluirla "en el menor tiempo posible".
El órgano desveló la fecha en una nota de esclarecimiento remitida a los medios de comunicación, tres días después de informar de la existencia de una investigación sobre Costa en un caso de supuesta prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno.
La Fiscalía había señalado que varios sospechosos hablaron de la implicación de Costa en el caso por "desbloquear procedimientos" y que dichas alegaciones serían analizadas de forma autónoma en el ámbito de la investigación instaurada en el Supremo Tribunal de Justicia.
Este viernes, reveló que esa investigación autónoma fue instaurada en el Supremo el 17 de octubre, más de tres semanas antes de hacerla pública.
Las diligencias de la operación desarrollada esta semana -cuando se realizaron 40 registros- y el material recogido, incluyendo los documentos y los ficheros digitales, "demandan un exhaustivo análisis", señaló la Fiscalía, que prometió "celeridad" en el caso.
La investigación se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.
El caso cuenta con cinco detenidos, entre los que están el jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, y Diogo Lacerda Machado, amigo del primer ministro dimisionario y consultor de la empresa Start Campus.
También fueron detenidos el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas; y el CEO de Start Campus, Afonso Salema, y el abogado y administrador de la misma empresa, Rui de Oliveira Neves.
Además, aunque no están detenidos, fueron declarados "arguidos" (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el actual ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente de la Agencia Portuguesa del Ambiente, Nuno Lacasta.
El caso llevo a la dimisión del socialista Costa apenas unas horas después de conocerse la investigación y el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió convocar elecciones anticipadas para el 10 de marzo.
