El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha recordado al Estado español que tiene "pendiente" aprobar legislación sobre las relaciones entre los grupos de presión --también conocidos como 'lobbies'-- y los parlamentarios. Así lo recoge en un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de recomendaciones, adoptado en junio de 2024 y que ha dado a conocer este miércoles. "Esta situación es insatisfactoria", asegura en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, antes de instar a las autoridades "a tomar medidas más decididas en este ámbito".
El GRECO recuerda que viene recomendando la puesta en marcha de normas sobre cómo los parlamentarios interactúan con grupos de presión y otros terceros que buscan influir en el proceso legislativo. Tras señalar que consideró que esa recomendación se había implementado parcialmente, el GRECO indica en el nuevo informe que reconoció las medidas "positivas" adoptadas a lo largo de los años para mejorar la transparencia legislativa en el Parlamento.
"Sin embargo, la aprobación de legislación sobre grupos de presión sigue pendiente en España", matiza a continuación, para añadir que si bien el Código de Conducta del Parlamento establece requisitos de transparencia reforzados para los parlamentarios, incluida la obligación de publicar sus agendas institucionales, "la práctica presentaba grandes discrepancias".
Sucesivos retrasos
El órgano europeo precisa que las autoridades españolas "no han informado de ninguna novedad" al respecto y apunta a "los sucesivos retrasos en la aprobación de legislación sobre grupos de presión". Al hilo, señala que el Informe de 2023 de la Oficina de Conflictos de Intereses del Parlamento indicaba que menos del 10% de los parlamentarios publican en sus agendas institucionales los contactos con grupos de presión y otros que buscan influir en el proceso legislativo, pese a que el Código de Conducta del Parlamento establece la obligación de hacerlo. Y el Informe de 2024 recuerda a los parlamentarios que existe la obligación de publicar en sus agendas las reuniones que han mantenido con representantes de grupos de interés.
En otro documento de recomendaciones, el GRECO menciona que aconsejó que la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaran una evaluación estratégica de riesgos de las áreas y actividades propensas a la corrupción para identificar problemas y amenazas, así como para elaborar un plan de integridad. Ahora el órgano europeo señala que esta recomendación "no se implementó" y que ya lamentó la "falta de medidas específicas" en este ámbito, además de instarles a que las tengan en cuenta.
Respecto a la Policía, expone que confía en que las herramientas de evaluación de riesgos ya existentes, así como las que se están desarrollando, sirvan para el diseño de una estrategia específica "aún no desarrollada" de integridad y lucha contra la corrupción. Y de la Guardia Civil expresa que "está trabajando" sobre esa recomendación, pero que "aún no se ha desarrollado una estrategia específica de integridad y anticorrupción". No obstante, el GRECO celebra que las autoridades informen sobre el "buen nivel de cooperación entre las respectivas Unidades de Asuntos Internos de la Policía y la Guardia Civil".
CGPJ
Según ha relatado el Gobierno español en un comunicado, de las once recomendaciones de la cuarta ronda de evaluación, referida a la prevención de la corrupción en miembros de parlamentos nacionales, jueces y fiscales, ya ha cumplido de manera total o parcial todas, incluida la última que tenía pendiente, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En cuanto a la quinta ronda, referida a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad de miembros de Gobiernos centrales, así como en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el Ejecutivo ha celebrado que el GRECO concluya que el Estado español "ya está cumpliendo parcialmente 13 de las 19 recomendaciones".
De este modo, según el Ejecutivo, España ya habría cumplido de manera total o parcial 24 de las 30 recomendaciones de este organismo del Consejo de Europa, creado en 1989 para mejorar la capacidad de sus 47 países miembros de luchar contra la corrupción. No obstante, el GRECO ha destacado en sus informes una "pobre implementación" por parte de España de sus recomendaciones, detallando que ha aplicado de manera parcial 13 de las 19 recomendaciones y no ha llevado a cabo en ningún modo las otras seis, todas correspondientes a la quinta ronda de evaluación, la referida a la prevención de la corrupción en altos cargos de la administración pública.
