ELA, UGT y CCOO se han concentrado este jueves enfrente del Parlamento para exigir la firma del primer convenio sectorial de residencias y anunciar nuevos paros.

En esta ocasión, han acordado cinco jornadas de huelga consecutivas entre el lunes 16 y viernes 20 de enero. Residencias en lucha, reconoced nuestro trabajo.¡Convenio ya!, han reclamado en una pancarta escrita en castellano y en euskera.

Han vuelto a exigir a la patronal "una propuesta acorde a las necesidades de las casi 4.500 trabajadoras que desarrollan su actividad en 70 residencias".

Los tres sindicatos continúan con este calendario de movilizaciones, que ha estado activo durante 2022. Sin embargo, CCOO no se ha sumado.

El pasado 24 de noviembre mantuvieron la última reunión con la patronal y el Gobierno de Navarra, un encuentro en el que la parte empresarial, Anea (Asociación Navarra de Entidades Asistenciales) y Lares (la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores),  presentó una nueva propuesta de convenio que "continúa siendo totalmente insuficiente", han señalado.

Convenio para tres años

Entre otros aspectos, la patronal planteó un convenio para tres años de vigencia con "una escasa subida salarial", ha calificado, sin incluir complementos para las incapacidades temporales y dando vía libre a las empresas para poder descolgarse del convenio sin razones justificadas.

Por su parte, el Gobierno de Navarra" realizó su propia propuesta, que mejora sustancialmente la presentada por la patronal, pero que ésta se niega a aceptar, continuando de este modo con su actitud inmovilista y bloqueando el acuerdo", ha contrado.

ELA, UGT y LAB han reiterado su compromiso en negociar el convenio, pero que se encuentran con el bloqueo por parte de Anea y Lares.

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Comparecencia en el Parlamento

Por otro lado, representantes de las tres organizaciones sindicales comparecieron el pasado 23 de noviembre en una sesión de trabajo en el Parlamento foral para informar sobre la situación que está atravesando la negociación del convenio y reclamar a los partidos políticos su implicación y una partida presupuestaria suficiente que dote a las casi 4.500 trabajadoras del sector de unas condiciones dignas.