os últimos datos de recaudación aportados por la Hacienda Foral de Navarra certifican los peores augurios en cuanto a la caída de ingresos, cuantificados en más de 800 millones de euros. Parece evidente que el Gobierno de Navarra, para cubrir este agujero, ha optado por el endeudamiento. Abandonando la idea, machaconamente repetida por los movimientos sociales, de realizar reformas fiscales, tales como el aumento progresivo de los tipos en el IRPF para las rentas altas y muy altas, o la disminución de los beneficios fiscales a las multinacionales y grandes empresas. Cosa que este Gobierno se debería plantear. Como nos demuestran los datos de la recaudación del impuesto de sucesiones en Navarra, reformado en al año 2018 a iniciativa del grupo parlamentario de Orain Bai. De tal forma, que las herencias recibidas por las cónyuges o miembros de una pareja estable, así como por los padres o hijas que no pasen de los 250.000 € por persona heredera, quedan exentas del pago, hasta entonces pagaban el 0,8% (2.000 €). Mientras que a los herederos que reciban un importe superior a esa cantidad, se les aumenta progresivamente el porcentaje, hasta llegar al 16% para herencias superiores a 3 millones de euros por persona, hasta entonces pagaban el 0,8%.
Pues bien. Ante la amenaza formulada por las fuerzas de derechas de esta Comunidad (tanto las que llevan boina como las que usan txapela) pronosticando una huida de fortunas navarras a otras comunidades autónomas exentas de pagar este impuesto, los datos de recaudación del impuesto de sucesiones en el año 2018 (primer año que se implantó la reforma) fueron unos 35% superiores a los del año 2017. Aumentando la recaudación en 15 millones de euros (43 millones en el año 2017 a 58 millones en el año 2018). Teniendo en cuenta que ese aumento se ha producido mientras que el 91% de cónyuges, padres e hijas, que heredaron ese año, no pagaron nada, al no llegar sus herencias a los 250.000 euros.
Está claro que en este tipo de impuestos una progresividad justa y socialmente responsable, funciona. El no aplicarla obedece más a cuestiones ideológicas que a la eficacia y eficiencia en la recaudación. Por eso este Gobierno recurre, prácticamente en exclusiva, al endeudamiento. Y puestos a endeudarnos, mejor hacerlo bien. Las prisas no son buenas consejeras y eso deberían saberlo en el Gobierno de Navarra, sobre todo por la parte que le toca a Geroa Bai. Ya que en la última emisión de deuda que realizó el Gobierno anterior, una vez disuelto el Parlamento y a poco de convocarse las elecciones, se emitieron 50 millones de euros a un interés del 2,1%. Este Gobierno a los pocos meses de ser nombrado emitió otros 75 millones de deuda a un interés del 1,45%. Una diferencia notable en el tipo de interés, que muestra que estas cosas hay que hacerlas, al menos, con responsabilidad.
Aunque en los movimientos sociales creemos que casi mejor es no hacerlas. Y desde luego puestos a engordar los beneficios de las entidades financieras, estudiar la manera de rebajar su coste, en beneficio del conjunto de la ciudadanía navarra.
Es lo que hicimos en el Parlamento Social la pasada legislatura, que en colaboración con la Ponencia del Parlamento de Navarra para el estudio y análisis de la deuda pública, realizamos un estudio que presentamos y entregamos a todos los grupos parlamentarios en mayo del año 2018. Dicho estudio, avalado por diversos informes de la Cámara de Comptos, se realizó previo análisis de la información facilitada por la Ponencia del Parlamento de Navarra. Información conseguida gracias a la movilización ciudadana, manifestándose hasta en cinco ocasiones en las sedes de las consejerías del Gobierno que tenían que facilitarla. Entre otras la información disponible fue:
Las características de la deuda emitida por los Gobiernos desde el año 1990, el interés medio de mercado desde 1990. La clasificación de la deuda pública por sectores. Los planes de viabilidad, la licitación, el coste de la liquidación y los retornos económicos de diferentes infraestructuras, como el Pabellón Arena, el Circuito de Los Arcos, las Autovías del Camino y del Pirineo, el Canal de Navarra, los túneles de Belate o el TAV. Los contratos que contuvieran compromisos de intercambiar dinero en el futuro (Swaps) firmados por entidades financieras desde el año 2005. Las encomiendas, adjudicaciones y los gastos del Gobierno en activos financieros de todas las empresas públicas de Navarra en el periodo (2002-2015).
Seguimos analizando estos miles de apuntes contables. No obstante en el estudio realizado la legislatura pasada detectamos 191 millones de deuda ilegítima, es decir deuda contraída por los Gobiernos de UPN para satisfacer necesidades francamente contrarias a los intereses de la población y con el conocimiento y consentimiento de las entidades financieras que concedían los créditos.
No estaría mal que este Gobierno, ya que el anterior no hizo ningún caso, pusiera a trabajar a sus técnicos para certificar y en su caso ahondar en el estudio de todo lo relacionado con la deuda pública en Navarra. Además, en vez de negociar con el Estado la cantidad de millones por la que nos dejan endeudarnos, lo que viene a ser la herencia envenenada que le vamos a dejar a la siguiente generación, mejor sería negociar el artículo 54.2.c del Convenio económico, ese que dice que Navarra se tiene que hacer cargo de todas las deudas del Estado y que nos cuesta el 60% del total de la aportación que Navarra hace al Estado cada año. (En 2019, 351 millones). Teniendo en cuenta el nivel de deuda que está adquiriendo el Gobierno central, no sería de extrañar que en los próximos años todo el endeudamiento del Gobierno de Navarra se destine al pago de esa deuda estatal.
En los movimientos sociales sabemos de lo que estamos hablando, y cabría recordar que nuestras denuncias y movilizaciones fueron determinantes para sacar al binomio UPN-PSN de las instituciones navarras, por primera vez en la historia política de esta tierra. Que nadie dude que si las políticas que se ejecuten actualmente se asemejan de cualquier forma a aquellas. Lo volveremos a hacer.
El autor es miembro del Parlamento Social y vocal del Consejo de Administración de la CPEN (Corporación Pública Empresarial de Navarra) a propuesta del Parlamento de Navarra
