¿Qué es lo legítimo?
Que alguien me desmienta, pero estaría por jurar que todas las formaciones políticas en situación de llegar al poder han reclamado alguna vez o varias que se respete el derecho a gobernar de la lista más votada. Suele ocurrir, vaya casualidad, cuando se alberga la certeza (o, por lo menos, la intuición bien orientada) de que se está en disposición de ganar en papeletas pero no en apoyos de los representantes ya electos. El clásico entre los clásicos, de un tiempo a esta parte, lo tenemos en casa. UPN (sola o en compañía de otros) se sabe primera fuerza en las instituciones principales de la demarcación foral, del mismo modo que conoce por experiencia repetida que hay varias formaciones —de respaldo notable; tampoco hablamos de acumular restos— que quieren y pueden sumar los escaños suficientes para gobernar. Quien sostenga que ahí se produce algún tipo de menoscabo de la legitimidad deberá presentar la prueba inversa. Es decir, que explique por qué es más justo que gobierne un partido con, pongamos, el 30 por ciento de los votos frente al 70 por ciento de la población que ha dividido sus votos entre otros partidos.
¿Y las minorías?
Todo eso, sin pasar por alto una cuestión de principios democráticos básicos: los partidos pequeños y, en consecuencia, las minorías a las que representan quedan al margen del juego político. No es casualidad que estas propuestas pendulares vengan sistemáticamente de las siglas que sostuvieron el bipartidismo. Por lo demás, no se oculta una circunstancia de índole meramente práctico. De poco sirve superar la investidura por el artículo 33, si después no es posible gestionar el día a día porque las leyes embarrancan sistemáticamente contra la mayoría real, que es la que está en la oposición. Habrá quien sostenga que es una invitación a pelear cada ley y buscar acuerdos con los diferentes a varias bandas. A veces ha funcionado, es cierto. Pero lo normal es el bloqueo permanente.
Lo menos malo
La conclusión es que, siendo mejorable, el sistema actual es el menos malo. Desde luego, es del que han echado mano todos los principales actores políticos alguna vez, incluyendo el PP, que lo propone ahora. Como ella misma recordó, Isabel Díaz Ayuso fue presidenta de la Comunidad de Madrid encabezando la segunda lista. Lo mismo que Martínez Almeida en la capital del estado o que Fernández Mañueco en Castilla y León en 2019. Y cuidado con las tentaciones de arreglarlo con una segunda vuelta, porque ahí sí que los minoritarios se marchan por el desagüe y vuelve el turnismo.
