La ‘pasarela’ y las competencias de tráfico

Esta “pasarela” se introdujo en el debate de la ley foral de policías de Navarra mediante una enmienda que suscribieron desde la oposición el entonces portavoz de UPN en esta materia, Sergio Sayas y la nueva consejera de Función Pública, Interior y Justicia, Inma Jurío; enmienda que contó con el inestimable apoyo de Podemos que se desmarcó de los grupos que, entonces, apoyábamos el Gobierno. Tras la aprobación de esta enmienda se plasmó en la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra la vigente Disposición Adicional Novena –Integración de funcionarios del Estado en la Policía Foral– que dispone lo siguiente: “En caso de que se ejecute lo establecido en la LORAFNA, relativo a la asunción de nuevas competencias en materia policial por parte de la Comunidad Foral de Navarra, se podrán habilitar, dentro del marco del órgano bilateral competente y en los términos que disponga la administración competente, los mecanismos necesarios para permitir la integración de funcionarios del Estado que presten ese servicio en la actualidad”.

En pocas y más claras palabras: ya desde 2018 se hizo una previsión para que en el supuesto de ampliarse las funciones policiales de Navarra (en mente se tenía las de tráfico) se pudiera abrir la puerta a los agentes policiales estatales incorporándose directamente a la Policía Foral. Repárese que esta Disposición no exige la apertura de la “pasarela”, (“se podrán habilitar”) no hay una obligación legal, sino que ha sido una decisión política del PSN y de las derechas la que ha reclamado su creación.

Después de 5 años de esta previsión legal y tras más de 60 años Navarra negoció y acordó con el Estado –tras un compromiso político previo del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu– la devolución a Navarra de las competencias que el ministro franquista Camilo Alonso Vega arrebató a Navarra. Así, se aprobó el Real Decreto 252/2023 de traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico, al que siguieron dos sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2024 anulando ese decreto, lo que obligó a la reforma exprés de la LORAFNA mediante la Ley Orgánica 6/2024, y a la nueva aprobación del Real Decreto 277/2025 de ampliación de las funciones traspasadas.

Así las cosas, y tras este periplo político-judicial, el pasado jueves, en la sesión de control al Gobierno, preguntamos para cuándo tiene previsto el Departamento de Interior aprobar una Oferta de Empleo Público y con cuántas plazas para comenzar a cubrir las necesidades que va a tener la Policía Foral en la prestación de forma exclusiva de la vigilancia y control en materia de tráfico, una vez que se tendría que estar produciendo ya la asunción progresiva por Navarra de las competencias que venía prestando la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. La razón de la presentación de esta pregunta en estos momentos viene relacionada con el temor –en nada disipado con la respuesta dada por la consejera– que teníamos con el gran retraso en el despliegue de los agentes de la Policía Foral.

¿Por qué este temor? Ambos reales decretos de traspaso fueron acompañados con sendos acuerdos complementarios, estableciéndose en el último de ellos que el despliegue de los agentes de Policía Foral se irá produciendo de manera progresiva en un plazo máximo de 3 años contados desde la publicación en el BOE del citado Real Decreto. Es decir, que el plazo terminaría el 15 de abril de 2028. Puede parecer un plazo lejano, pero hay que tener en cuenta que es un plazo máximo y que para cubrir ese despliegue Navarra necesitará ampliar sus efectivos en unos 150-160 agentes en el Área de Tráfico y Seguridad Vial.

Aquí surge el temor y la trampa de la “pasarela”. Creemos que se ha hecho muy poco para poder llegar a cumplir ese plazo de 15 de abril de 2028, no se ha avanzado casi nada en relación a esa “pasarela”, o por lo menos poco ha transcendido, más allá de las quejas de los agentes de la Guardia Civil sobre el desconocimiento de las condiciones que estarían pactándose entre la Consejería navarra y el Ministerio de Interior. Sin embargo, las informaciones que tenemos no son nada positivas, ya que nos indican que el Estado, a través del Ministerio del Interior, estaría chantajeando a Navarra para que si quiere la aprobación de la pasarela en el seno de la Junta de Seguridad (el órgano bilateral competente), Navarra tiene que garantizar la presencia y el acceso de la Policía Nacional y Guardia Civil en el sistema operativo e informático del Servicio SOS Navarra 112, que es el centro de gestión de emergencias único e integrado para toda la comunidad. Una vieja exigencia que ahora el Ministerio del Interior puede materializar gracias a que está en sus manos la existencia o no de la “pasarela”. La consejera no nos aclaró tampoco este asunto. Por eso quienes defienden la “pasarela” están dejando en manos del Estado el despliegue definitivo de los agentes de la PF en la vigilancia y control en materia de tráfico, ya que si no hay en el seno de la Junta de Seguridad, como hasta ahora sucede, no hay posibilidad de OPE alguna.

Creemos que habría que dar un plazo al Ministerio del Interior para que acepte crear la “pasarela” y despejar esta incógnita cuanto antes, ya que el Gobierno de Navarra la tiene habilitada en la Disposición Adicional Primera de la Ley Foral de Presupuestos para 2026. Las consecuencias económicas ya están fijadas también en esa Disposición: si los agentes de la Guardia Civil ganan más que si se les aplicara la normativa foral en materia de personal de policías forales, se les mantendría su sueldo actual, pero se les asignará un complemento compensatorio por la diferencia que será absorbida con las futuras subidas de retribuciones.

Lo que hace falta en realidad es voluntad política para finalizar ese tema que permita a Navarra conocer sus necesidades de personal y poder realizar las OPEs necesarias. Desgraciadamente se ha dejado en manos del Estado la llave de la “pasarela”, lo cual nos está llevando a que el Ministerio del Interior pueda dilatar, cuando no sino imposibilitar la materialización del despliegue de nuevos agentes de tráfico de la Policía Foral. De acuerdo con el cronograma de implantación del proceso del traspaso de las competencias en la Fase I la aprobación de la OPE debiera de haber estado aprobada antes del 15 de junio de 2025, evidentemente, no se ha cumplido; y en la Fase II la integración de los agentes de la Guardia Civil mediante la “pasarela” debería de producirse antes del 15 de julio de 2026. Tampoco tiene visos de cumplimiento, ya que ni hay “pasarela” aprobada ni ejecutada.

Hemos pedido al Gobierno una actitud firme y clara en defensa de poder ejercitar nuestras competencias, sin nuevas exigencias o chantajes por parte del Estado. No se puede terminar esta legislatura sin haber aprobado la OPE y la 1ª Convocatoria de Agentes para el Área de Tráfico y Seguridad Vial de la Policía Foral. Lo contrario será un fracaso de este Gobierno y de todas las fuerzas políticas que hemos trabajado por la recuperación de las competencias de tráfico durante tantos años.

El autor es parlamentario foral