El comportamiento de los precios sigue dando motivos de preocupación pese a que las medidas adoptadas desde el 1 de enero en relación al IVA de los alimentos básicos han redundado en la contención de su escalada, que no obstante acumula un 15,4% de subida en el último año. En todo caso, la inflación del 5,9% en tasa interanual alcanzada en enero en el Estado –5,6% en la Comunidad Autónoma Vasca y 6,4% en la Foral Navarra– es un escenario difícil que augura una merma del poder adquisitivo de los consumidores. Esto nos lleva al debate recurrente de los salarios como mecanismo de protección de ese poder adquisitivo o como palancas de incremento de la inflación. Una mera espiral de trasposición del IPC se vuelve habitualmente en contra de los intereses de su receptor si no va acompañada de una contención de la demanda que ponga freno a los precios: en una ecuación de mercado, el salario siempre irá por detrás. En paralelo, los márgenes empresariales deben mantenerse dentro de lo razonable y contenerse en el caso de que estén cooperando a su vez con el aumento del IPC. Nada es tan ficticio como la mera responsabilización de los precios a los salarios o a los márgenes. Vuelve a ser oportuno hablar de un pacto de rentas que reparta equitativamente el esfuerzo no ya del alza de los precios sino de su contención. La viabilidad de las empresas y la de sus trabajadores están directamente relacionadas; igualmente, la capacidad de la ciudadanía de mantener una demanda constante no desorbitada, merece preservarse con un poder adquisitivo capaz de mantenerla. La preocupación del Banco Central Europeo por el alza de precios en la zona euro se traduce en el anuncio de que los tipos de interés volverán a subir medio punto en marzo. Christine Lagarde admite que intenta contener la demanda para que la oferta reduzca precios, lo que supondá reducir márgenes. Sería oportuno que ese efecto se gestione y no se deje al mero comportamiento del mercado. Buscar que el poder adquisitivo y los márgenes compartan el esfuerzo, preservando en todo caso el acceso a los bienes de primera necesidad. Una inflación más manejable castigará menos los bolsillos y permitirá frenar el precio del dinero, lo que mejorará los rendimientos de las inversiones, la recuperación del margen y la creación de empleo.