La orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso, Vladímir Putin, es una decisión histórica que pone el foco en los crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas invasoras dirigidas por el Kremlin en Ucrania durante los últimos doce meses.

En este año de conflicto armado se han conocido múltiples actuaciones por parte del Ejército ruso que encajarían sin duda en la categoría de crimen de guerra. El último informe elaborado por la misión de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en Ucrania, presentado el jueves, identifica crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por el ejército ruso con “un brutal desprecio por la vida de los civiles”, incluyendo asesinatos, ejecuciones sumarias, tortura y tratos inhumanos, violaciones y deportaciones forzosas.

Es precisamente en este último aspecto en el que incide la Corte Penal Internacional, que ha identificado un posible delito de crimen de guerra en la deportación forzada de centenares –quizá miles– de menores ucranianos desde zonas ocupadas por Rusia, muchos de ellos sacados impunemente de orfanatos y hogares de cuidado infantil y dados ilegalmente en adopción a familias rusas, por lo que ha emitido la orden de arresto tanto contra Putin como contra María Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos del niño.

Esta decisión del Tribunal de La Haya, vistas las investigaciones abiertas, de sentar en el banquillo a Vladímir Putin es un paso inobjetable desde el punto de vista de la justicia internacional y un deber para con las víctimas de la barbarie cometida en Ucrania. La dificultad de la misión –obvia, por múltiples cuestiones– no puede hacer olvidar que ante este alto tribunal internacional han sido juzgados criminales de guerra como los dirigentes nazis en los juicios de Núrenberg, así como responsables del genocidio de Ruanda, el expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic, el jefe militar serbio Ratko Mladic –el carnicero de Srebrenica– o el exlíder liberiano Charles Taylor, entre otros.

De ahí que la orden de detención y puesta a disposición del Tribunal de La Haya –que Rusia no reconoce, al igual, por cierto, que China, India o Israel– sea un signo de plena justicia. Putin es hoy una persona buscada por la justicia internacional como criminal de guerra, una señal de esperanza para el mundo.