Estos días atrás escuchábamos unas declaraciones de la ministra Ione Belarra acusando a las grandes empresas de alimentación, en concreto mencionaba la empresa Mercadona, de” hacerse de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania”. Los precios de los alimentos desde septiembre del año pasado se han disparado en productos como el aceite un 61 %, la leche un 63 % o los huevos con un 85%, por mencionar los alimentos más representativos de la canasta básica. Los empresarios se defienden diciendo que trabajan con márgenes muy estrechos, entre el 1 y el 3%, y que son márgenes muy ajustados.

Pero se olvidan de los grandes beneficios obtenidos durante la pandemia del covid-19, según la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, concretamente la organización agraria destaca el caso de Mercadona, que cerró el año 2020 con unos beneficios de 720 millones de euros y una facturación bruta de 26.932 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% y del 5,5 % respecto al año 2019. Lo mismo Carrefour, que aumentó un 7,1 % sus beneficios respecto al año anterior, por destacar a las dos empresas más representativas del sector.

Ocho empresas dominan el mercado de la alimentación a nivel nacional; así, la primera Mercadona con un 25% y Carrefour con un 9,85, además de Lidl, Dia, Eroski, Consum y Alcampo, en porcentajes más minoritarios acaparan más de la mitad del mercado nacional, concretamente un 60% de las ventas. En Francia tenemos más de lo mismo, cinco empresas acaparan el 78% del mercado y en Portugal son dos grupos empresariales, Continente y Pingo Doce, que acaparan más del 50 % de mercado, por citar ejemplos de dos países vecinos. Por tanto, hay una concentración empresarial importante y corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) el velar y vigilar por la transparencia en la fijación de los precios y denunciar si ha habido alguna irregularidad y todo lo demás son brindis al sol. En Portugal se va a imponer un gravamen sobre los beneficios extra de las cadenas de supermercado, de forma temporal, medida que propuso aquí Podemos y que no prosperó por la oposición del PSOE. Qué duda cabe que esta fuerte subida de los precios de los alimentos ha generado una inseguridad alimentaria sobre todo en los sectores de población más expuestos, pensionistas con rentas medias y bajas y trabajadores en precario, además de las consecuencias sociosanitarias que se pueden derivar de todo ello.

Otros productos básicos para la población como la luz, la gasolina, la calefacción, el gas, también han encarecido notablemente sus precios debido a la coyuntura de la guerra, aumentando exponencialmente los beneficios de las empresas del sector; así, las empresas gasistas y petroleras han obtenido en el pasado año 2022 dos billones de euros de beneficios extra, cantidad equivalente al PIB de Italia, la tercera economía del euro, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Solamente la empresa Repsol habría ganado hasta septiembre del año pasado la friolera de 3.200 millones de euros (un 66% más que en año 2021), y al mismo tiempo dicha empresa por medio de su CEO comentaba que el nuevo impuesto que planea la Unión Europea sobre las empresas del sector generaba muchas dudas. Iberdrola, otra empresa eléctrica, presidida por el Sr. Ignacio Sánchez Galán, comunicó que llevará a los tribunales el nuevo impuesto español sobre las ganancias extraordinarias, amenazando que incluso podría llevar a Estados Unidos parte de sus inversiones. Abruma tanta solidaridad por parte de estas grandes empresas del Ibex-35, que se están lucrando, parece que legalmente, cuando la mayoría de la población de este país tiene que hacer malabarismos para llegar a fin de mes o muchas personas jubilados y ancianos con pensiones modestas se ven obligadas a pasar frío por temor a no poder pagar la factura de la calefacción o de la luz. Por ejemplo, muchas comunidades de vecinos con calderas colectivas que limitan seriamente las horas de calefacción por los elevados costes del gasóleo o del gas.

La legitimidad del capitalismo se basa en la doctrina de que el enriquecimiento de las empresas favorece el bienestar general, pero esa lógica se quiebra con el espectáculo obsceno de una prosperidad que se alimenta de la guerra, de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Mientras, en la otra cara de las cuentas está el esfuerzo fiscal que están teniendo que hacer los gobiernos para ayudar a hogares y empresas a sobrellevar el golpe de las facturas. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que los erarios públicos en los países ricos han comprometido en esas ayudas no menos de 500.000 millones de euros, la cuarta parte de las ganancias extra antes mencionadas.

No es de recibo que mientras gobiernos y ciudadanos hemos tenido que hacer un esfuerzo importante para capear las sucesivas crisis, primero de deuda pública del año 2008, la crisis del covid -19, la crisis económica derivada de la invasión de Ucrania, y por último la crisis producida por el cambio climático que padecemos desde hace algunos años, (malas cosechas, sequías, inundaciones, etcétera), por otro lado parece faltar un compromiso claro para arrimar el hombro por parte de la clase empresarial, poniéndose de perfil frente a estos retos. Y más teniendo en cuenta que muchas grandes empresas son responsables, incluso conscientemente, de ese cambio climático, como la petrolera estadounidense Exxon Mobil, que ya en la década de los ochenta, a través de unos estudios científicos, ya conocía e intuía ese calentamiento de la tierra que ahora sufrimos.

Estas grandes empresas trasnacionales son siempre las primeras en saber, y no hay calamidad que no les favorezca ni crisis de la que nos salgan fortalecidas. Por ejemplo, los magnates de las empresas tecnológicas son tan conscientes del daño que pueden hacer sus productos que es vox populi que en las escuelas de Silicon Valley no están permitidas la pantallas. Un exdirectivo de Facebook declaraba no hace mucho que “no sabemos lo que estamos haciendo al cerebro de nuestros hijos”.