Las primas por ganar no son delito, pero sí lo son las primas por dejarse perder y el Supremo dice que Osasuna pagó al Betis por hacerlo en El Sadar en la temporada 2013-14. Esta tarde de jueves, tras clasificarse ayer para cuartos en la Copa ante el Real Betis, se ha conocido la sentencia del caso Osasuna, en el que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a penas que oscilan entre los 10 meses de prisión y los 5 años y 7 meses a los 9 acusados. El procesado que tiene una rebaja mayor en su condena es Vizcay, que pasa de 8 años y 8 meses de cárcel a 5 años y 6 meses de cárcel, una pena similar a la de Archanco (5 años), porque se le absuelve del delito de falsedad contable.
El Supremo estima parcialmente el recurso de los condenados, de modo que, aunque mantiene las penas por el delito de apropiación indebida agravada que impuso la Audiencia de Navarra, reduce ligeramente los correspondientes a las penas por delito de falsedad (al establecer que los condenados por este delito sólo pueden ser sancionados por un delito y no por dos en concurso como apreció la Audiencia) y por corrupción deportiva, así como las correspondientes multas.
Las penas quedan de la siguiente manera:
--- A Ángel María Vizcay Ventura (exgerente del club): 5 años y 7 meses de prisión, y multa de 221.700 euros, por delitos de apropiación indebida agravada, falsedad y corrupción deportiva. La Audiencia le condenó a 8 años y 8 meses de prisión.
--- A Miguel Ángel Archanco (expresidente): 5 años de prisión y 418.000 euros de multa, por los mismos delitos que el anterior. La Audiencia le condenó a 6 años y 8 meses de prisión.
--- A Juan Antonio Pascual Leache (exvicepresidente): 4 años y 10 meses de prisión y multa de 413.,500 euros por los mismos delitos. La Audiencia le condenó a 5 años y 6 meses de prisión.
--- Jesús Peralta García (exdirectivo): 5 años de prisión y multa de 418.000 euros por los mismos delitos que los anteriores. La Audiencia le condenó a 6 años y 8 meses de prisión.
--- Sancho Bandrés (tesorero): 4 años de prisión y multa de 18.000 euros por delitos de apropiación indebida y falsedad. La Audiencia le condenó a 5 años y 6 meses.
--- Cristina Valencia y Albert Nolla (inmobiliarios): 6 meses de prisión y multa de 5.400 euros por delito de falsedad a cada uno de ellos. La Audiencia les condenó a 9 meses de prisión a cada uno.
--- A Antonio Amaya y Xavier Torres (exfutbolistas, del Betis cuando ocurrieron los hechos): 10 meses de prisión y multa de 400.000 euros a cada uno por delito de corrupción deportiva. La Audiencia les condenó a 1 año de prisión.
Las responsabilidades civiles se dejan como las estableció la Audiencia navarra, por lo que tendrán que abonar 2,3 millones de euros.
Lo que el tribunal reconoce
Sintéticamente, los hechos probados de la sentencia narran que, en la primera temporada (2012/2013), conforme al resultado de las auditorías contables y resto de pruebas practicadas, se han extraído de las cuentas del club, así como del dinero en efectivo que tendría que llegar a sus arcas (venta de localidades, camisetas, etc.) la cantidad de 900.000 euros.
Cuando esta cantidad se detecta por los órganos externos de control, se intenta tapar o encubrir, y como no se consigue, el ahora recurrente, con el acuerdo de los demás, se pone en contacto con dos personas (Albert Nolla y Cristina Valencia, inmobiliarios amigos de Txuma Peralta), para que firmen un falso recibí por dicha cantidad, que certificaría el pago para una finalidad imaginaria, lo que aceptan tales personas bajo la promesa de que se les encargaría la nueva iluminación del estadio de futbol. Cobran, aparte, en metálico, por tal acción, la suma de 30.000 euros.
En la segunda temporada, pasa lo mismo, pero con la suma de 1.440.000 euros, que se camuflan bajo el pago de recibos a una sociedad portuguesa (Flefield) que trabajó en el pasado para el Club, pero que no responden a ninguna finalidad, simplemente es una tapadera del descubierto contable aparecido en las auditorías.
Lo propio ocurre con un préstamo que pide el exgerente Vizcay a un aficionado (en realidad cuñado del directivo Purroy), por 600.000 euros, que termina devolviendo el club de futbol Osasuna, sin que se haya probado el destino de tal inversión en cualquiera de los objetivos y finalidades lícitas del club.
La segunda parte de la sentencia recurrida está referida a la corrupción deportiva, aspecto éste que está relacionado con la situación que atraviesa el equipo de futbol en la tabla clasificatoria, de modo que se encuentra en grave riesgo de descender de categoría, en la temporada 2013/2014, por lo que el presidente, dos directivos y el gerente, se ponen de acuerdo con dos futbolistas del Real Betis, que tienen ascendencia en el vestuario, para pagarles 650.000 euros para que ganen al Valladolid (que estaba luchando por la permanencia en la categoría como Osasuna), y pierdan frente al club navarro, lo que produciría que el Valladolid no sumara y Osasuna consiga esos tres puntos ansiados, pero ni aun así logra mantener la categoría.
