Nueve ex altos cargos del primer Gobierno de María Chivite perciben actualmente cesantías. Se trata de las exconsejeras Elma Saiz (Economía y Hacienda) e Itziar Gómez (Desarrollo Rural) y de otros siete ex directores generales.
Todos ellos, salvo Saiz que dejó su puesto en junio, desempeñaron sus respectivas responsabilidades durante los cuatro años de la legislatura, por lo que tienen derecho a cobrar esta prestación durante 24 mensualidades, que es el máximo establecido por ley.
Hasta 2025
En este periodo de tiempo sus ingresos son los equivalentes a la doceava parte del 80% del total anual de las retribuciones que estuvieran percibiendo en el momento del cese.
En el caso de las consejeras, este importe es de 4.998,23 euros al mes. Gómez tiene derecho a cobrarlo hasta el 18 de agosto de 2025, siempre y cuando no desempeñe ningún puesto de trabajo, tanto en el sector público como en el privado, ni perciba ingresos procedentes de cualquier actividad profesional o mercantil.
Las prestación de Saiz finaliza el 10 de marzo de 2025, ya que cesó en su cargo el 28 de abril para centrarse en su campaña de candidata a la alcaldía de Pamplona por el PSN.
Los ex directores
Con respecto a los ex directores generales, no todos reciben la misma cuantía. Los que ya se encuentran trabajando, solo cobran la diferencia entre su sueldo y los 4.282 euros al mes que tienen derecho a ingresar como tope.
Quienes ingresan la cifra más alta son Carlos Artundo (ex director general de Salud), y Patricia Ruiz de Irizar (Políticas Migratorias). Algo menos le corresponde a Izaskun Goli (Fomento Empresarial), que cobra 3.873 euros.
Izaskun Abril (Ordenación del Territorio) ha cobrado 3.442 euros en septiembre, debido a que solicitó su prestación el día 7, pero a partir de octubre recibirá la cuantía máxima.
Algo más de la mitad recibe Tomás Rodríguez Garraza (Formación Profesional), cuya prestación asciende a 2.690 euros.
Las cifras más bajas son para Pablo Muñoz (Medio Ambiente) y Begoña Urrutia (Presupuestos), quienes cobran 1.699 euros.
En total, el coste mensual de esta prestación es de 31.956 euros. Una cifra mucho más baja de lo habitual, debido principalmente a que apenas ha habido cambios de calado en el Gobierno foral.
La continuidad de María Chivite al frente del Ejecutivo foral, con los mismos socios que la pasada legislatura, ha sido clave para que la inmensa mayoría de los altos cargos que tienen derecho a la cesantía no se hayan visto en la necesidad de solicitarla, dado que continúan en sus puestos.
