Denunciar siempre, conocer los protocolos y, sobre todo, formarse en autoprotección para prevenir ataques son los principales consejos que dieron varios expertos, en un mesa redonda organizada la semana pasada por el Colegio de Médicos de Navarra, para hacer frente al aumento de agresiones en el ámbito sanitario. El encuentro Agresiones: detección, prevención y protección tuvo lugar el pasado jueves y en él participaron la jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Osasunbidea, Belén Asenjo; la psicóloga Matilde Lahera; la jueza Inés Hualde; el secretario del Colegio de Médicos Julio Duart; y el comisario de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral Carlos Yárnoz.

Cabe recordar que el año pasado se notificaron 164 agresiones a facultativos en la Comunidad Foral y, según apuntó Asenjo, entre los factores desencadenantes destacan el descontento con la atención médica recibida, la denegación, la espera o la discrepancia con los informes. “Esto exige un entrenamiento en habilidades psicosociales que reconduzcan la queja y detecten precozmente la fase de agresividad en la que retirarse, además de disponer de salidas accesibles y herramientas de ayuda (botón o pulsera). Nuestra vacuna es la formación y ofrecemos cursos y talleres de contención física, autoprotección, habilidades para la resolución de conflictos o Mindfulness”, sostuvo.

La punta del iceberg

A pesar de que las agresiones a médicos han aumentado en los últimos años (en el 2022 fueron 143 y en el 2021 se notificaron 121 agresiones) las denuncias siguen siendo bajas. Según Julio Duart, tan solo el 40% de las agresiones comunicadas a los colegios de médicos se denuncian y subrayó que los datos registrados son solo la punta del iceberg de una realidad que sigue impune. Destacó como un avance importante la creación de la figura del interlocutor sanitario en la Policía Foral, “desconocida para muchos profesionales y que no solo actúa durante y tras la agresión sino que dispone de protocolos preventivos”.

En este sentido, el policía Carlos Yárnoz expuso que la figura del interlocutor policial sanitario tiene como función establecer cauces de comunicación con los centros sanitarios para prevenir incidentes y agresiones externas. “En caso de pacientes reincidentes, y mediante una planificación coordinada, pueden garantizar presencia policial (uniformada o no) en aquellos días y horas que se consideren necesarios y en caso de producirse una agresión, se contactará con el interlocutor para asesoramiento y adoptar las medidas oportunas”, detalló.

Por su parte, la magistrada Inés Hualde constató que a los juzgados de llegan pocas demandas de agresiones. Aclaró que el delito de atentado contempla “cualquier acto de acometimiento o de violencia física contra esa persona, con independencia de que haya causado una lesión o no”, que está castigado con penas de prisión si hay lesión y que puede darse fuera del contexto sanitario.