Los juzgados navarros, con 700 demandas cada mes, no veían tantas reclamaciones de deudas desde 2010

Los procedimientos judiciales hábiles para este tipo de circunstancias, es decir, compras o servicios impagados, deudas a la comunidad de vecinos o impagos entre particulares, por ejemplo, por deber dinero a un autónomo por un servicio prestado, se denominan monitorios y a día de hoy en Navarra no se habían iniciado tantos procesos de este tipo desde 2010. En la estadística que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trimestralmente para mostrar la evolución de los efectos de la crisis en los órganos judiciales se observa un crecimiento del 30,1% en el tercer trimestre, de julio a septiembre, respecto al mismo periodo del año pasado. En lo que va de año, donde se observa una tendencia al alza conforme han pasado los meses, la subida entre enero y septiembre es del 15% en lo que ingresan los juzgados navarros. En este periodo de nueve meses, las demandas interpuestas en los jórganos judiciales se elevan a 6.399 (son 23 demandas diarias, 700 al mes), mientras que en 2022 se quedaron en 5.581, por 4.914 que hubo en 2021. No se daban semejantes números en la Comunidad Foral desde 2010, cuando alcanzaron las 6.682. Este estudio recoge el ascenso imparable de estos procedimientos que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

ÁGIL SI HAY BIENES

El monitorio es un procedimiento judicial pensado para reclamar cantidades económicas inferiores a 250.000 euros que se acrediten documentalmente y que afectan a morosidades en comunidades de vecinos, a empresas proveedoras, autónomos, pymes y particulares. Está pensado para créditos pequeños y vinculadas a compras habituales. Sobre el papel el monitorio puede resultar un proceso relativamente ágil. Desde que se presenta la demanda se abre un plazo de 20 días para poder oponerse a la misma mediante un escrito en el que deben constar las razones de su negativa. Ante este supuesto se acudiría a un juicio posterior (verbal si no llega a 6.000 euros y ordinario si los supera). En el caso de que el moroso no haga nada, es decir, no responda al procedimiento, se iniciará la ejecución de la deuda. Es decir se le embargarán bienes para hacer frente a la cantidad que debe. El problema es que muchas veces los deudores no tienen ni siquiera bienes con los que hacer frente a la deuda y, por tanto, el monitorio pierde toda su agilidad y, por ende, su eficacia. En principio, en Navarra se tarda una media de tres meses en el recobro.

Este procedimiento, en un contexto de crisis, y ante la población que tenga menos recursos, no tiene gran éxito puesto que no se puede proceder a un embargo si no tiene ingresos o unos bienes a su nombre.

Para interponer dichos procesos, los fondos buitre se están poniendo las botas en los juzgados. Este tipo de entidades de capital riesgo o de inversión libre, ubicadas por lo general en otros países, incluso en paraísos fiscales, se han convertido en los principales demandantes de deudas en los juzgados de Primera Instancia. Adquieren paquetes de deuda millonaria a bancos y financieras de grandes centros comerciales y luego tratan, a través de este procedimiento judicial denominado monitorio, de reclamar la devolución de dicha deuda. Se trata de acreditar la existencia de dicha deuda a través de un contrato, un albarán o una factura. Sin embargo, tampoco esos litigios culminan siendo exprés, como ya se ha explicado antes. “Están pensados como procedimientos para agilizar el cobro de deudas porque, al pasar ese plazo de tiempo, si no pagas o no respondes, te ejecutan (embargan)”, explicó en su día a este periódico José Alonso, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Pamplona. “Pero los problemas vienen cuando muchas veces el deudor no tiene ningún bien que pueda ser ejecutable”, aclaraba el mismo letrado.