El Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo, avala la legalidad del decreto de méritos que regula el acceso y la provisión de plazas en la Administración elaborado por el Gobierno foral, aunque cuestiona que se pueda valorar el euskera de forma general en el conjunto del Servicio Navarro de Salud. Corresponde ahora al Ejecutivo foral decidir si deja la redacción como está o introduce alguna corrección ante la previsible judicialización del decreto.
En un informe jurídico aprobado por unanimidad, preceptivo pero no vinculante, el Consejo de Navarra ve “proporcional y razonable” la baremación recogida en torno al euskera, tanto para la zona vascófona como para la zona mixta –la zona no vascófona había quedado previamente fuera del decreto–, pero interpreta que tras las sentencia del TSJN de 2019, que anulaba parte del decreto de 2017, no se puede valorar el euskera, lengua propia de Navarra, como mérito de forma global. Sino que debe concretarse “de forma individualizada, racional, proporcionada y adecuada en función de las características del puesto” en cada convocatoria.
Una lectura que afecta especialmente al SNS-Osasunbidea, el ámbito administrativo donde son más numerosas y habituales las convocatorias públicas de empleo mediante concurso-oposición. Y donde existen multitud de plazas y especialidades. Por ello el Gobierno de Navarra había previsto que, en estos casos, y al igual que otros méritos como la experiencia en el puesto, el euskera se pudiera puntuar de forma general en la zona mixta entre un 6% y un 7% de la puntuación asignada al baremo de méritos (40% del total).
El Consejo interpreta sin embargo que este criterio “no resulta de aplicación plausible a las plazas de desempeño den la zona mixta”, que en el caso de Osasunbidea son la gran mayoría. Porque al hacerlo, argumenta, “se vulnera el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y produciéndose una situación de discriminación”.
Por ello concluye que, en lo referente a Osasunbidea, “la regulación fijada sobre el euskera como mérito, de forma imperativa respecto a todos los puestos, contraviene los principios de racionalidad y proporcionalidad exigidos para la ponderación del mérito del euskera en la zona mixta, toda vez que no atiende a los puestos concretos y funciones a desempeñar, ni a las plazas bilingües que pueden estar dotadas y ya cumplen con el fin que persigue la computación de ese conocimiento”.
En cambio, el propio Consejo cuestiona “la falta de concreción de la valoración del conocimiento del francés, inglés y alemán” que se hace en el decreto. “El conocimiento de esas lenguas resulta nuclear para la interoperabilidad de la asistencia sanitaria transnacional”, defiende el órgano consultivo, que considera que el ámbito europeo “obligará a que la Administración Sanitaria Navarra cuente con profesionales, en todos sus niveles, que dominen las lenguas de la UE para poder actuar en ese entorno”.
Reacciones
El análisis del Consejo de Navarra generó ayer la crítica de Geroa Bai, que interpreta que el órgano consultivo hace “una interpretación reduccionista y restrictiva de la normativa”. En este sentido, la coalición ha remarcado que el dictamen "cuestiona la normativa que desde el año 1993 regula el acceso a la provisión de los puestos de la carrera sanitaria". "Además, va por detrás del decreto foral de 2009 aprobado por un gobierno de UPN y que recibió informe favorable del entonces Consejo de Navarra".
Asimismo, Geroa Bai considera que "es contradictorio con la valoración que, con el aval de todo el Parlamento y formato de ley, se ha aplicado recientemente en todo el proceso de estabilización de personal interino de la Administración que sí valoraron el euskera como mérito en la zona mixta en todas las plazas de Salud".
UPN por su parte ha acusado al Gobierno y a su presidenta, María Chivite, de “fomentar y colaborar en la imposición del euskera y en la discriminación a quien no lo habla en Navarra”. Los consideran que "el euskera se convierte en un carné de trabajo para quien lo habla, discriminando en el acceso a la función pública a quien no lo hace". Los regionalistas han advertido de que "es la segunda vez que el Consejo de Navarra enmienda la plana al Gobierno de Navarra en la valoración del euskera para acceder a un puesto de trabajo en la Administración".
La decisión, del Gobierno de Navarra
Es en todo caso el Ejecutivo foral quien debe valorar ahora las consecuencias del análisis jurídico del Consejo y decidir si corrige la redacción, que ya se había ajustado bastante respecto a la normativa aprobada en 2017 por el Gobierno de Barkos. Quedan pendientes de aprobar además los planes lingüísticos de cada departamento, en los que se tiene que definir en qué plazas y puestos de la administración son bilingües. Un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno, pero que todavía no se ha llevado a cabo.
