La Audiencia de Teruel ha acordado prorrogar hasta finales de 2023 la situación de prisión provisional en la que se encuentra Pedro Lozano Giménez, conocido como Rambo de Requena, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) resuelva los recursos interpuestos contra su condena a 27 años por la tentativa de homicidio de dos guardias civiles.
En su auto, al que ha tenido acceso Efe, el tribunal turolense argumenta que el elevado tiempo de la condena efectiva de prisión a la que el acusado se enfrente implica un "riesgo muy elevado de fuga", por lo que acuerda prorrogar la medida cautelar de prisión provisional sin fianza.
Destacan además los magistrados que durante la vista celebrada el pasado jueves para debatir el mantenimiento de esta medida, tanto las acusaciones públicas como privadas y la propia defensa se mostraron de acuerdo con la prórroga hasta el 9 de diciembre de 2023.
Esta vista se celebró días después de anunciar el representante legal del Rambo de Requena la interposición de un recurso ante el TSJA por los delitos cometidos en los estertores de su fuga por las sierras turolenses.
El letrado de la defensa alega en su recurso "errores" en la valoración de la prueba por parte del tribunal al entender que ni de las declaraciones de los propios agentes, ni de las pruebas periciales, se desprende una voluntad homicida por parte del procesado.
Errores referidos tanto al disparo que efectuó con una escopeta de postas sobre uno de los agentes, que pudo esconderse en busca de protección, como el que realizó sobre el segundo, que resultó herido de gravedad en el antebrazo.
Por su parte, el representante legal de la acusación particular en nombre de los dos agentes, el abogado oscense Jorge Piedrafita, también recurrió a su vez la sentencia para instar que los hechos sean considerados como tentativa de asesinato en lugar de homicidio.
La Audiencia de Teruel imputó al procesado dos delitos de homicidio en grado de tentativa, uno con el resultado de lesiones graves, que castigó con penas de 11 y 9 años de prisión, respectivamente, además de otras penas por un total de siete años más por robo continuado, hurto de vehículo, conducción temeraria y coacciones.
La presencia en la provincia de Teruel de Lozano Giménez fue detectada en junio de 2020, después de protagonizar diversos delitos violentos en la Comunidad de Valencia, pendientes aún de su enjuiciamiento, y protagonizar una larga fuga por zonas boscosas y de campo.
En declaraciones a Efe, Jorge Piedrafita se ha mostrado satisfecho con la decisión de la Audiencia turolense de prorrogar la prisión provisional el "tiempo suficiente" necesario para que se produzca un pronunciamiento firme.
