El juez de lo Penal 4 de Pamplona ha condenado a un año de prisión al jefe de obra de una empresa por el fallecimiento de un trabajador de Murchante, Luis González Fernández, de 54 años, ahogado en la depuradora de Corella en 2018. En el mismo suceso también falleció el ablitense Ricardo Catalán, de 35 años. Las aguas residuales sin tratar, producen gases nocivos para la salud, como el sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono. La autopsia y los análisis de la sangre remitidas a Toxicología determinaron que la víctima no presentaba cantidades suficientes como para que la inhalación hubiera producido la muerte, “pero ello no obsta para que la concentración de monóxido fuera lo suficientemente elevada como para que se desvaneciera y que cayera en el interior del pozo, siendo la causa inmediata de su muerte el ahogamiento”. En el acuerdo judicial se suspendió la pena de prisión si no delinque en dos años.

Durante el año 2018, se consideró necesario el acometimiento de unas obras de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Para ello se subcontrató a diversas firmas, y de los trabajos de construcción se encargó una empresa en la que el encausado ejercía de jefe de Obra y Recurso Preventivo. Mientras realizaban las obras de mejora, se acordó la construcción de un pozo para la recogida provisional de las aguas residuales, que se sacaban del pozo con una bomba y se pasaban por un tamiz provisional. Este pozo, excavado en la tierra y construido a base de anillos de hormigón, tenía un orificio de entrada por el que entraban las aguas residuales sin tratar, teniendo otro orificio frente al mismo que conectaba con la zona que estaba siendo mejorada. Este orificio estaba cerrado con un tapón de ladrillo y mortero, motivo por el que se utilizaban la bomba y el tamiz provisionales. 

El 27 de julio habían finalizado los trabajos de construcción de la nueva instalación y se estaban realizando las tareas necesarias para que el agua pudiera pasar a su recorrido definitivo y poner en marcha la nueva instalación. Sobre las 14.00 horas, se quitó la tajadera para que las aguas residuales tuvieran acceso al pozo y de allí hacia la nueva depuradora. Sin embargo, dado que no había quitado previamente el tapón, el pozo comenzó a llenarse, sin pasar las aguas residuales hacia la nueva instalación.

En ese momento, el acusado, “ignorando deliberadamente que lo que llenaba el pozo se trataba de aguas residuales sin tratar y del peligro que ello entrañaba”, al considerar que era un trabajo de rápida ejecución, en lugar de colocar la tajadera, vaciar el pozo y romper el tapón, ordenó al trabajador de una firma que estaba en la obra para auxiliar al personal de la empresa encargada de la construcción. Así bajó al pozo con un martillo para romper el tapón, “si bien apenas hubo bajado y dado unos 4 o 5 golpes al tapón, comenzó a subir hacia al exterior”. Manifestó que “no se podía estar en el interior del pozo”, y “cuando se encontraba casi en el exterior, se soltó de la escalera y cayó al interior. Murió a los pocos minutos. El hermano del fallecido renunció a las acciones civiles y penales al ser indemnizado. Hasta el juicio han pasado 4 años y 7 meses y se estimó la atenuante de dilaciones indebidas.