¿Peligra la corona de Felipe VI?

pamplona

Hasta los sectores menos monárquicos de la sociedad tienen una certeza: Juan Carlos de Borbón morirá siendo rey o abdicará en su heredero por estar incapacitado. La continuidad de la monarquía española de aquí a diez o quince años está asegurada, pese a la bomba nuclear del caso Urdangarin que le ha estallado en las manos, porque los dos partidos mayoritarios que controlan los resortes de poder en el Estado español no quieren oír hablar de una hipotética crisis de la monarquía. Pero el caso de supuesta corrupción que implica a Iñaki Urdangarin, yerno del rey, ha dejado en evidencia los frágiles hilos que atan a los Borbones a la jefatura del Estado. La corona del actual rey no parece peligrar, pero ¿cómo afectará el affaire de malversación de fondos por parte de un miembro de la Familia Real al que será, si todo sale como está diseñado, Felipe VI de España?

La debilidad de la monarquía española es bien conocida. Alfonso XIII se exilió en el extranjero cuando las fuerzas republicanas ganaron las elecciones de 1931. En la Transición lo único que daba legitimidad a Juan Carlos de Borbón era el dedo del dictador Francisco Franco. Le designó su heredero y se fue a la tumba dejando "todo atado y bien atado".

La Constitución de 1978 instauró la monarquía parlamentaria como forma de gobierno y dio de esta manera una pátina de legitimación democrática a una institución, la monarquía, fuera de toda lógica demócrata por definición. Aunque la implicación del rey español en la trama del intento de golpe de Estado del 23-F aún no está aclarada del todo, su decisión final de desautorizar a los golpistas y frenar con ello la intentona dio por fin a Juan Carlos I el carné de buen demócrata que le ha legitimado durante casi treinta años ante buena parte de la opinión pública española.

solo Un 4,89 de confianza Pero el inevitable desgaste de su reinado y que las nuevas generaciones perciben su gesta del 23-F como un acontecimiento de la noche de los tiempos pone a la monarquía a los ojos de los jóvenes, esos del movimiento del 15-M y de los cinco millones de parados, como una vetusta institución que solo consume recursos de las arcas públicas y apenas ofrece páginas de papel couché y una anacrónica representación institucional. El desgaste de la imagen de la monarquía española ante la opinión pública es una constante en los últimos años, más evidente en unos territorios, con un republicanismo sociológico evidente como la CAV o Catalunya, que en otros. Pero lo ocurrido puede hacer entrar en barrena a la monarquía. Es difícil superar que el consorte de una hija del rey, que está en la lista de sucesores al trono, sea sospechoso de haber desviado a sus empresas fondos públicos procedentes de varias administraciones. Es sintomático que en el últimos sondeo del CIS en octubre, antes incluso de estallar el caso Urdangarin, el índice de confianza de los ciudadanos en esta institución era un 4,89, o lo que es lo mismo, un suspenso, la nota más baja que ha recibido el rey de España en toda la historia de esos sondeos. En 1995 el grado de confianza de los españoles en el monarca Borbón era del 7,48, un notable holgado.

opinión difícil de remontar El golpe recibido por las evidencias de que ha existido corrupción puede ser muy grave, a juicio de Alfredo Retortillo, profesor de Ciencia Política de la UPV/EHU y experto en opinión pública: "El apoyo de la monarquía es puramente simbólico, no tiene otra apoyatura material práctica y de la que seguir tirando para alimentar su legitimidad más que la noche del 23-F. Una puesta en cuestión por parte de la opinión pública le afecta en términos de legitimidad de manera más grave que en los casos de corrupción de los partidos políticos. A mí me puede gustar este diputado general u otro, pero no puedo no tenerlo -ejemplifica-. El problema de la monarquía es que la gente se plantea que puede no tenerla, porque es una cuestión simbólica. Si ese símbolo empieza a estar mal visto por cuestiones como la corrupción, podría ponerse en cuestión su propia continuidad", resume el profesor Retortillo.

Ni siquiera considera posible que los mecanismos que habitualmente utiliza la monarquía para mostrar su cara más amable sean capaces de revertir la mala opinión que existe de la Familia Real. "La situación a que se enfrenta la monarquía en el caso de España, y no digamos en la CAV, es que, a diferencia de lo que ocurre en Gran Bretaña, el pensamiento monárquico es muy débil. En España, empieza a plantearse la continuidad de la monarquía, esa institución familiar hereditaria. Existe el juancarlismo, pero de ahí a pasar al felipismo, y no digamos nada lo referido las infantas y sus maridos... Esos golpes de efecto del corazón están cubiertos en la sociedad española con otro tipo de líderes mediáticos, del estilo de Belén Esteban. Me parece muy difícil remontar la opinión pública -acentúa Alfredo Retortillo-. El único que lo tiene en su mano es el propio Juan Carlos, pero lo tiene complicado porque está llegando a la edad de plantearse la continuidad del cargo. Además, sus hijas y su hijo han hecho cosas que no dejan muy alto el pabellón de la monarquía".

La decadencia del reinado de Juan Carlos, más que evidente por su edad -está a punto de cumplir 74 años-, y sus cada vez más evidentes achaques de salud evidencian las contradicciones de una institución que no puede guardar las esencias de la tradición, con sus princesas de sangre azul, sus matrimonios para toda la vida y un patrimonio sólido alejado de los espurios negocios de la vida moderna. El negocio familiar de los Borbones está en peligro y Felipe, el heredero, ya se tienta la ropa, como ha hecho esta semana saliendo a la palestra para defender la "honestidad y transparencia" de la Fundación Príncipe de Girona que preside.

Felipe, sin los méritos paternos "El caso Urdangarin ha supuesto atravesar la situación más dura, incómoda y desagradable a la Corona desde que el rey es rey, más incluso que el 23-F", sentencia Jaime Peñafiel, el popular periodista, especializado en Casas Reales y juancarlista confeso, que no monárquico. Como la mayor parte de los españoles, admite. "Por lo tanto, la Corona es muy vulnerable. Al que le puede pasar factura es al príncipe Felipe. Ha sido un escándalo de corrupción sideral, que ha afectado al núcleo de la Familia Real, no nos engañemos, porque Urdangarin no es un mero pariente. Ahora, la preocupación que tiene don Juan Carlos es si los juancarlistas van a ser felipistas cuando llegue el momento, lo que francamente será muy difícil. Felipe heredará los derechos dinásticos, pero no los méritos de su padre". "A la velocidad que va el mundo, diez años es mucho tiempo. No se sabe si dentro de diez años habrá monarquía, pero tampoco si ni siquiera habrá una España", remata.

El temor a que el desprestigio de la Familia Real acabe con arrastrar consigo la monarquía constitucional ha hecho mella en los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, que no traslucen ni una fisura en su defensa numantina de Juan Carlos I como institución y de la monarquía como sistema de gobierno, sin que se atrevan a plantearse unas mínimas reformas que la modernicen. Así lo percibe en Madrid el senador del PNV Iñaki Anasagasti, conocido fajador contra los desmanes borbónicos y autor del libro Una Monarquía protegida por la censura, que generó tanta controversia.

salvar a la infanta cristina El incendio del caso Urdangarin es de proporciones descomunales, pero los apagafuegos ya están listos con la manguera preparada. "El objetivo de esos bomberos es poner a salvo a Felipe de Borbón. Para ello, han decidido ofrecer un poco de carnaza, poquita, como es ofrecer transparencia en las cuentas públicas, aunque no van a mirar al pasado ni van a recocer ningún tipo de autoría de lo que ha pasado. Urdangarin es un simple aficionado de lo que ha podido hacer el rey estos años. Van a tratar de limitar los daños a Urdangarin de manera que no le toque a la infanta Cristina", resume el senador.

En ello están. Al poco de saltar con toda su magnitud el caso a los medios, trascendió que representantes de la casa Real se habían reunido con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, para tratar sobre la situación procesal en la que queda la infanta Cristina, esposa de Urdangarin, socia de algunas de las empresas investigadas y, ante todo, séptima en la línea sucesoria de la Corona, por ser hija del rey. Lo siguiente que se supo, según publicó El País, es que la Justicia no la va a implicar en el caso y se va a librar de una posible imputación, que se prevé inevitable para su marido, pese a que era miembro de la ejecutiva de la empresa cabecera de la presunta trama corrupta y era socia de otra de las sociedades implicadas.

La decisión de la Zarzuela de separar a Urdangarin de toda actividad de la Familia Real da una idea de hasta qué punto se ha activado un cordón sanitario alrededor del yerno de Juan Carlos I, con la idea de limitar los daños a su persona. Por detrás se vislumbra la encomienda de preservar ante todo la figura del rey, "garante" de la unidad de España, como se encargó de recordar esta misma semana José Luis Rodríguez Zapatero, ya en tiempo de descuento de su presidencia. Y es que el socialista llegó a un acuerdo con el PP en la pasada legislatura para afrontar tres referéndum constitucionales: quería incluir el nombre de las comunidades autónomas que no están en la Constitución, reformar el Senado y quitar la primacía del varón sobre la mujer en la sucesión al trono español. Todo ello ha quedado en agua de borrajas.

'Conjura' de pp y psoe "Nada de eso se va a hacer para que no haya un referéndum sobre la sucesión, porque se podría convertir en un plebiscito sobre la monarquía -asevera Anasagasti-. Como PP y PSOE se han dado cuenta de que la opinión pública, el 80% de la gente que votó la Constitución en el 78, no vive y la gente joven no tiene ninguna vinculación juancarlista, no la van a tocar. Han hecho ya un diseño para conjurar este peligro". A juicio de Anasagasti, el siguiente paso para adormecer el escándalo será presionar a los medios de comunicación, "sobre todo a los del corazón, que ahora están muy libres, para que se corten".

l Sin ánimo de lucro. La trama que implica al duque de Palma parte de un caso anterior, Palma Arena, presunto caso de corrupción en la construcción del pabellón deportivo en la capital mallorquina. El juez abrió una nueva pieza de la causa, la Operación Babel, sobre los convenios firmados por Gobierno balear e Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que organiza eventos deportivos y asesora en cuestiones de imagen. De 2004 a 2006 la presidió Iñaki Urdangarin y la dirigió su socio, Diego Torres.

l Se "apoderaron" de dinero público. A principios de otoño, la presunta implicación del yerno del rey en diversas irregularidades salta a los medios de comunicación. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el duque de Palma y su socio se "apoderaron" de fondos públicos de Baleares. Basa esta acusación de malversación de fondos públicos en la actuación de esa sociedad, al no justificar o justificar con facturas falsas o con costes irreales el dinero público recibido para organizar distintos actos durante el mandato del presidente balear Jaume Matas (PP) entre 2003 y 2007. La operativa presuntamente empleada por el duque de Palma consistía en "concertarse" con los "responsables políticos" para desviar el dinero a un "entramado societario" organizado para tal fin. En los contratos que conseguían a través de Nóos, según el relato judicial, "se fijaban unos precios desproporcionados por sus servicios". El instituto organizaba eventos turístico-deportivos para las administraciones públicas -aunque algunos no llegaron a materializarse, siguió cobrado por ello-, onerosos estudios que a veces se plagiaron y asesoramientos empresariales. A juicio de la Fiscalía, el único fin de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación sin ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales", para "rodearse del prestigio social derivado [...] y evitar suspicacias de terceros al financiarse básicamente con fondos públicos".

l Valencia y Baleares. Un informe de Hacienda revela que el Instituto Nóos y su conglomerado mercantil facturó entre 2002 y 2010 al menos 16 millones de sus clientes: el 40% de sus ingresos provenía de administraciones públicas y el resto, de decenas de empresas. La base de sus ingresos fue dinero público procedente de las CCAA de Valencia y Baleares, gobernadas por el PP (5,8 millones de euros entre 2004 y 2007).

l La impunidad del título ducal. El instituto Nóos de Urdangarin y el Govern de Jaume Matas amañaron un concurso de 60.000 euros en 2004. La impunidad con la que actuaba era tal que tanto la oferta ganadora como las dos perdedoras se remitieron desde el mismo fax de la sede de Nóos en Barcelona.

l Evasión fiscal. El marido de la infanta Cristina y Torres emplearon una fundación de ayuda a niños discapacitados para evadir 650.000 euros al paraíso fiscal de Belice. Documentos incautados por la policía demostrarían que Urdangarin y Torres pretendían desviar cinco millones de euros más a Belice y Luxemburgo.

l Proyectos quiméricos. Además de otros contratos formalizados, el Gobierno de Francisco Camps se comprometió a pagar seis millones de euros a Nóos para que diseñara la candidatura de Valencia como sede de la primera edición de unos hipotéticos Juegos Europeos, sin saber siquiera si el proyecto era viable. El Ejecutivo valenciano reconoce que pagó un adelanto de 380.000 euros.

l Próxima imputación. El juez del 'caso Palma Arena' ya ha imputado a Diego Torres por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos. Se espera que en próximas fechas haga lo propio con Urdangarin ante la avalancha de pruebas que le implican. En su declaración ante el fiscal, Torres afirmó que Urdangarin, como presidente "ejecutivo", tomaba las decisiones en el Instituto Nóos.

l No van a implicar a la infanta. Pese a que la infanta Cristina figuraba como vocal de la junta directiva de Nóos hasta 2006, los investigadores judiciales consideran que está "apartada del conocimiento del área financiera". Pese a ello, la infanta posee a medias con su marido la promotora inmobiliaria Aizoon, una de las empresas del entramado que recibieron fondos públicos. Según fuentes judiciales, la infanta no será imputada porque no se encontraba dentro del "círculo cerrado de toma de decisiones" del entramado que dirigía su marido.

l Una fortuna de once millones. De acuerdo con las investigaciones aún provisionales, Urdangarin habría amasado desde 2004 un patrimonio superior a los once millones de euros. Tiene a su nombre un palacio de Pedralbes, en Barcelona -su domicilio familiar de ocho millones-, cinco pisos en Palma y otro en Terrassa -un patrimonio inmobiliario de cerca de 1,3 millones- y activos por valor de 1,8 millones en sus empresas.