PAMPLONA- Ni existía un empeño en Ultzama por cerrar la planta de biogás ni, mucho menos, el cierre respondió a una decisión política. Simplemente, el Ayuntamiento de la localidad, gobernado desde las elecciones de mayo de 2015 por EH Bildu, tomó la decisión de finalizar el secuestro tras catorce meses de funcionamiento renqueante a costa de las arcas municipales y cesar la actividad de la planta cuando la situación ya era insostenible y las posibilidades de recuperar la producción, “inviables”.
Fue la respuesta que dio la alcaldesa de Ultzama, Arantxa Martínez, quien compareció ante la comisión del Parlamento acompañada del letrado Marcos Erro, en una de las pocas sesiones que pidieron todos los grupos. Incluido UPN, reacios a solicitar ninguna comparecencia que crean que pueda alborotar el gallinero de un caso que los regionalistas no sólo no quieren investigar (supondría fiscalizar las acciones políticas que llevaron a su sigla local en Ultzama impulsar el fallido proyecto), sino que quieren torpedear en la medida de lo posible. Ayer, Sergio Sayas y Juan Luis Sánchez de Muniáin pensarían que iban a poder poner en un brete a la actual alcaldesa, a la que han acusado todo este tiempo de haber cerrado la planta poco menos que por despecho político. Sin embargo, la alcaldesa no pudo sino remitirse a los informes periciales (que ya recogió Comptos en su informe de abril de 2017) que cifraban en cantidades astronómicas cualquier esfuerzo por reflotar el proyecto, y que en última instancia avalaron la opción del cierre tras 14 meses de secuestro municipal, cuando se consideró que ya no merecía la pena añadir ni un euro público más a la extensa factura de más de tres millones que acumulaba el proyecto, pensado para una vida de 30 años que se quedó en seis.
los informes técnicos Concretamente, la alcaldesa se remitió a “los informes técnicos que cifraban en un mínimo de 218.000 la inversión que había que hacer”. Y todo “sin ninguna certeza de que iba a ser suficiente”, precisó. Son conclusiones que sacó el actual equipo municipal tras los trabajos de asesorías como Paymacotas y Albatros, y que incluyó la misma Cámara de Comptos en su informe de fiscalización que puso en la esfera pública el caso.
Entonces, en abril de 2017, el órgano fiscalizador ya adjuntó a su trabajo un informe pericial que a fecha de 2014, cuando la planta entró en concurso de acreedores, acreditaba que las instalaciones presentaban “un estado general de abandono”, estaban “llenas de suciedad, con materiales de todo tipo depositados”, presentaban “corrosión generalizada de los materiales” y tenían fallos de funcionamiento que limitaban a un motor el rendimiento de los depósitos de generación”. Por esa razón, el informe adjuntado por Comptos, y que abarcó dos años de trabajos periciales desde 2014, cifró en 909.210 € el coste de reflotar la planta. E incluso, se apuntaba entonces, la cantidad no sería suficiente teniendo en cuenta “el modelo de negocio de la planta, de dudosa viabilidad”.
Datos que permitieron a la alcaldesa considerar que “la planta impulsada en 2007 era inviable y no podía funcionar ni un día más”, porque “habría que haber puesto mucho dinero para continuar la actividad con los marcos de funcionamiento debidos”. Nada tiene que ver con que fuese un modelo no compartido por EH Bildu, ya que en principio asumió “no estar en contra” de las plantas de biogás. “Lo importante y nuestra preocupación es, ha sido y será la buena gestión de los purines, luego todo es analizar las posibilidades y, sobre todo, gestionar las plantas como es debido”.
