La amplia mayoría del Parlamento de Navarra ha aprobado una moción para acabar con la política de excepcionalidad que hoy se sigue aplicando a la población reclusa, tanto presos de ETA como presos comunes.

PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, los grupos del bloque progresista y que apoyan al Gobierno foral, han secundado una moción que cuenta con un amplio apoyo social y sindical (en la tribuna de la Cámara hubo representantes del Foro Social, ELA, LAB y CCOO) pero de la que se ha vuelto a quedar fuera Navarra Suma, el grupo mayoritario y el único que ha votado en contra.

La derecha ha planteado un debate bronco, ha enfocado la moción como si fuera una especie de pago de favores del PSN a EH Bildu y no como parte del cumplimiento de la ley penitenciaria. Algo que ha generado al menos un tenso encontronazo entre Yolanda Ibáñez (Navarra Suma), presidenta segunda de la Cámara, y el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz. El parlamentario socialista intentó responder a Javier Esparza después de que el líder de la derecha dijera que los socialistas han asumido el terrorismo de ETA como un conflicto político, razón por la que acceden a los acercamientos como devolución de favores. Alzórriz apeló al artículo 120.2 del reglamento de la Cámara para responder a las acusaciones directas de Navarra Suma. Pero Ibáñez, muy a la defensiva, no le ha permitido intervenir e incluso le ha dado dos avisos de expulsión.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se compele al Gobierno de España a "elaborar un plan que permita estudiar todas las posibilidades que ofrece el centro penitenciario de Pamplona para acoger, siempre bajo criterios de voluntariedad, a todas las personas presas cuyo origen, residencia habitual o entorno familiar se encuentre en Navarra".

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra alude al actual contexto epidemiológico para, al amparo de los diversos pronunciamientos del Parlamento y en relación con la Ley Orgánica General Penitenciaria, demandar el traslado a Pamplona de los aproximadamente 200 penados que, pese a su arraigo social, se hayan dispersos por cárceles de todo el Estado.

A ese respecto, se apunta que el cumplimiento de penas lejos de los lugares de origen contraviene el impulso de la rehabilitación y la reinserción social en cuanto objetivos básicos del, en muchos casos, complejo proceso de rehabilitación.

Por todo ello y a sabiendas de que la cárcel de Pamplona, cuya actual población reclusa no llega a 300 personas, cuenta con capacidad para cerca de mil reclusos, se insiste en la necesidad de facilitar el acercamiento, también para evitar el "riesgo añadido que suponen los largos desplazamientos, más aún bajo la amenaza derivada de la Covid-19".

En defensa de la iniciativa, Jabi Arakama, de Geroa Bai, ha señalado que es posible esta iniciativa cuando la ley aboga por la reinserción de las personas presas, que no pierden su derechos, y el alejamiento incrementa los riegos para sus familiares, más en tiempos de pandemia.

Tras recordar que la cárcel de Pamplona tiene 300 reclusos y capacidad para mil, ha indicado que hay margen para atender las peticiones de quienes manifiesten su deseo de ser trasladados a ella, una posibilidad que podrían plantear 200 personas pero que ha considerado que serán menos.

Ha subrayado además que la moción no se dirige solo a los presos de ETA sino al conjunto de los presos con independencia del delito que les haya llevado a prisión, y en este sentido ha defendido para las victimas verdad, justicia y reparación "sin comparar", lo que no desaparece con esta petición, ha afirmado.

Para Arakama aceptar esta medida favorecería la resocialización de las personas presas y supondría además una mejora en la convivencia.

"Vamos a ser claros. Se está hablando de presos de ETA" la parte que "genera debate", ha dicho la portavoz del PSN, Inmaculada Jurío, que ha recordado que su partido defiende "el cumplimiento de la legalidad" y así en su día apoyó el alejamiento de estos reclusos como política excepcional porque ETA existía, pero hoy "ya no es un problema para la ciudadanía" porque desde 2018 "no existe".

Por eso ha apostado por los principios de reinserción y resocialización "pero con un plus para los presos de ETA: el reconocimiento del daño causado", de forma que "nadie se está saltando la ley" con "una política de acercamiento que no significa impunidad".

"Mantener medidas excepcionales cuando la razón por las que se tomaron ya no existe es intentar hacer ver a la sociedad que ETA sigue viva y los socialistas no estamos ahí" aunque hay actuaciones y declaraciones "que nos desagradan y nos duelen" y que "humillan a las víctimas", ha dicho, pero ha recordado también que esto no es cuestión de política penitenciaria.

Ha reprochado así a los miembros de Navarra Suma la utilización de este asunto "sobrepasando todos lo límites de la ética" para atacar al Gobierno, algo que es "indigno", por lo que les ha pedido que "escuchen a las víctimas", a las que les ha asegurado el apoyo de su partidoy a las políticas de reconocimiento y reparación.

Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha indicado que la política de dispersión no debió existir y a día de hoy las situaciones que perviven "deben acabar" para poner fin a riesgos y sufrimientos añadidos cuando "no tiene sentido" perpetuar "la venganza" sino que hay que "avanzar en la convivencia".

Ha defendido así "una política penitenciaria más humana que responda al contexto social y político que estamos viviendo" después de 10 años sin la violencia de ETA, algo que "nadie debería interpretar en clave de ir contra nadie, al contrario", ha señalado.

Por Podemos, Ainhoa Aznárez ha subrayado que todas las víctimas tiene derecho a la verdad, justicia y reparación, al tiempo que ha apostado por una memoria crítica y por el fin de la política penitenciaria de excepción en favor de un plan de integración de las personas presas, un itinerario para el que ha apuntado que es importante el acercamiento a sus familias.

También Marisa de Simón, de I-E, ha apostado por evitar el desarraigo de estas personas y por promover su inclusión y reinserción en lugar de "añadir una pena a la pena" tanto para las personas presas como para sus allegados, un planteamiento que cuenta con el apoyo "de la mayoría sindical y social" también y que "no tiene nada que ver con avalar" el terrorismo de ETA.

Por último, en contra de la moción, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha mostrado su "enorme decepción" con el PSN tras una "intervención infame", defendido el "respeto que siempre" han tenido en su formación por las víctimas y lamentado que en plena pandemia para los impulsores de la resolución "la prioridad" sean los presos de ETA.

"Nunca hemos estado en contra de los acercamientos conforme a la legalidad" pero "no como consecuencia de negociaciones políticas, intereses partidistas o pago de favores prestados o apoyos recibidos" porque entonces es "indecente", ha subrayado, y asegurado que el objetivo último de la moción es "sacar de la cárcel a todos los presos de ETA".

"Contar otra cosa es faltar a la verdad y esto no ayuda a la convivencia ni a romper con el pasado", ha dicho, y reprochado al PSN que pacte a cambio de mantener el poder con quien "da la bienvenida" a los presos de ETA, "héroes para ellos" cuando "ninguno" colabora con la justicia para resolver 300 crímenes.