El Parlamento, a favor de cambiar la 'ambigua' ley que llevó a Ayerdi a dimitir

Tras la denuncia de UPN por prevaricación y malversación en unos préstamos concedidos a la empresa DavalorDavalor, el Supremo acordó abrir una causa y este pasado viernes Ayerdi presentó su renuncia al cargo.

Todos los grupos con representación abogaron por revisar la Ley del Gobierno de Navarra y su Presidenta por si su artículo 68, que estipula que cualquier cargo público tendrá que dimitir cuando conozca de forma “fehaciente” su condición de investigado, vulnera el derecho a la presunción de inocencia. El artículo ha entrañado dudas jurídicas entre los expertos que evidencian una ambigüedad en la redacción que casi todos abogan por revisar y clarificar. La opinión fue compartida por todos, salvo por Navarra Suma, cuyo portavoz, Javier Esparza, se escudó en que no tendrán opinión hasta que el Gobierno proponga una reforma del texto.Mientras tanto, Esparza aprovechó para enviar un mensaje que sonó a donde las dan las toman. Insinuó que, en su día -2018-, el cuatripartito impulsó la modificación de la ley con la mirada puesta en el Gobierno saliente de UPN. “Lo que pasa es que levantaron las alfombras y no encontraron nada”, terció Esparza, que aprovechó para ir de víctima de una supuesta “caza de brujas” en la que involucró al Gobierno de Barkos y a asociaciones como Kontuz!. Es lo que le queda a la derecha, que ha rentabilizado menos de lo que hubiera deseado el episodio de Ayerdi y ahora quiere seguir explotando vendiéndose como una organización pulcra que ha sido objeto de una persecución injustificada.

Lo que pasa es que la reforma de la Ley de Gobierno de Navarra no se hizo pensando en UPN. Se acometió al calor de sangrantes casos de corrupción como la Gürtel y ante la falta de mecanismos para forzar a la asunción de responsabilidades políticas. Ahora se ha visto que la actual redacción del artículo 68 entraña demasiadas dudas. Y si bien la mayoría está de acuerdo con el fondo de la ley, es compartido que el texto ha generado una incertidumbre impropia para un texto legal.

Para Ramón Alzórriz, del PSN, es “un error” que haya “un artículo que dé lugar a tanta interpretación política que acaba confundiendo a la política y a la ciudadanía en algo que debería ser muy claro”.

Contextualizó la reforma en un panorama en el que “había una alarma social grande por casos de corrupción del PP como Púnica, y la ciudadanía demandaba la aprobación de leyes que ejemplarizasen la ética y la política”.

Geroa Bai también está de acuerdo con la ley, pero no con una redacción ambigua. Uxue Barkos aseguró que “urge de manera rotunda la reforma” del artículo 68, “de tal manera que el objeto del mismo se corresponda con las garantías que se deben observar para que esto no vuelva a suceder”, sostuvo.

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, manifestó estar convencida de la pertinencia de la ley, pero concedió que el artículo “puede ser ambiguo y quizá debería llevarse a un nivel de concreción mayor”. “Hay que conjugar la necesaria ejemplaridad que como cargos públicos tenemos que tener con las garantías que puede tener cualquier proceso judicial”.

Por su parte, Mikel Buil, de Podemos, consideró que la ley no puede ser “la puerta abierta para que un bufete de abogados tumbe un Gobierno”. Y Marisa de Simón, de I-E, apuntó que la redacción actual “puede dar lugar a que personas inocentes sufran lo que no deben sufrir”.