La directora general de Presidencia y Gobierno Abierto en el Gobierno de Uxue Barkos, Edurne Eginoa Antxo, será la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra. Su nombramiento ha sido consensuado por PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos, que ponen en marcha así el organismo creado en 2018, pero que hasta ahora no había comenzado su actividad. Entre sus funciones estará el control público de los fondos europeos.

Eginoa (Pamplona, 1971) formó parte del equipo de Mari José Beaumont la pasada legislatura (2015-2019), y desde 1996 ha sido secretaria de los ayuntamientos de Orbaizeta y Orbara. Se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra en 1994. Además, realizó el Curso General de Práctica Jurídica de la Universidad Pública de Navarra en 1994-1995. En julio de 2003 finalizó el programa de doctorado sobre la protección jurídica del medio ambiente y en 2004 se especializó en Derecho Civil Navarro con estudios de postgrado.

La Oficina de Buenas Prácticas se pone en marcha

Con el nombramiento de Egino, que en las próximas semanas confirmará el Parlamento, se pone en marcha la nueva Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Un organismo creado la pasada legislatura pero que hasta ahora no se había concretado. De hecho, en marzo de 2019 la falta de votos impidió la elección de quien iba a ser su directora, Isabel Urzainqui.

El proyecto se ha revitalizado también con el nuevo panorama que abre la gestión de los fondos europeos. El plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España para gestionar los 140.000 millones de fondos europeos que llegarán al Estado contempla un apartado específico para todo lo que tiene que ver con la gestión de esos programas desde el punto de vista de la ejemplaridad y el antifraude.

El documento insiste en la necesidad de reforzar el "control y la auditoría" de los fondos europeos, para lo que asigna funciones muy específicas a la inspección general del Estado y a los organismos de las comunidades autónomas. De hecho, el propio plan de Recuperación especifica que fue el Real Decreto 36/2020 sobre medidas en la Administración Pública el que ya hablaba de la necesidad de reforzar "la tramitación de convenios administrativos, la gestión y control presupuestario, la fiscalización y control en procedimientos administrativos, en contratación administrativa y en gestión de subvenciones". Y el Parlamento cree que la Oficina puede ayudar a desempeñar estas funciones.