La gestión de los fondos europeos reimpulsa la oficina de buenas prácticas

La ley que la prevé ha sufrido un ir y venir constante desde que se aprobó en 2018, incluido algún episodio desagradable y chusco -como la fallida elección de Isabel Urzainqui como directora en marzo de 2019-, pero parece que por fin va a haber consenso suficiente para poner en marcha un organismo pensado para supervisar la contratación pública y velar por el cumplimiento de una serie de códigos de buena conducta a la hora de gestionar lo pública.

El bloque progresista formado por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E ha llegado a un acuerdo y esta semana registrará el nombre del próximo director, algo que no se conocerá hasta el último momento para evitar que suceda lo que pasó con Urzainqui. Esto sucederá, como tarde, el día 19, a partir de cuando se calendarizará la votación definitiva en pleno, que coincidirá con uno de los últimos plenos antes del parón de verano.

Hay dos motivos fundamentales para la puesta en marcha de la Oficina: la contempla una ley en vigor desde 2018 y de no ser por una traición de último momento y desde el anonimato de una papeleta la Oficina llevaría trabajando desde hace tres años. Pero el proyecto se ha revitalizado también con el nuevo panorama que abre la gestión de los fondos europeos.

LAS EXIGENCIAS DE EUROPA

El plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España para gestionar los 140.000 millones de fondos europeos que llegarán al Estado contempla un apartado específico para todo lo que tiene que ver con la gestión de esos programas desde el punto de vista de la ejemplaridad y el antifraude.

El documento insiste en la necesidad de reforzar el “control y la auditoría” de los fondos europeos, para lo que asigna funciones muy específicas a la inspección general del Estado y a los organismos de las comunidades autónomas. De hecho, el propio plan de Recuperación especifica que fue el Real Decreto 36/2020 sobre medidas en la Administración Pública el que ya hablaba de la necesidad de reforzar “la tramitación de convenios administrativos, la gestión y control presupuestario, la fiscalización y control en procedimientos administrativos, en contratación administrativa y en gestión de subvenciones”. Y el Parlamento cree que la Oficina puede ayudar a desempeñar estas funciones

UN IR Y VENIR DESDE 2018 Y CON ALGÚN EPISODIO CHUSCO

Para entender el origen de la Oficina Anticorrupción hay que volver la vista siete años atrás. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E consumaron un histórico cambio político en Navarra tras una campaña electoral marcada por la denuncia de la mala praxis política, la falta de transparencia y las irregularidades en los gobiernos de UPN.

Eso motivó que la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción se colara en la agenda política de los partidos renovadores, y su inclusión en el acuerdo programático fue un hito contra el que cargó la derecha, que siempre receló del organismo.

Se empezó a trabajar bien pronto. El Gobierno nombró en 2015 a Iulen Urbiola como coordinador de la Oficina: su trabajo era poner las primeras piedras sobre las que cimentar un órgano de nueva creación, ambicioso y que precisaba de una ley específica para desarrollar tanto sus funciones como su organización interna, con un director elegido por el Parlamento a cargo de un equipo de inspectores funcionarios.

Urbiola hizo despegar el proyecto, y cuando cogió algo de altura dejó su cargo. Era 2017 y el Parlamento se metió a trabajar en una ley que vio la luz a finales de la legislatura, cuando casi ya no había margen para implantar nada.

El Parlamento aprobó la Oficina en mayo de 2018 y no fue hasta marzo de 2019, durante el último pleno, cuando los grupos se decidieron a nombrar un director. La legislatura se acababa y se quería nombrar un director para que trabajara con autonomía durante los próximos seis años, que es lo que contempla la ley.

Fue un despropósito. El cuatripartito consensuó el nombre de la abogada pamplonesa Isabel Urzainqui un perfil que encajaba con el de un profesional de prestigio fuera del debate partidista, pero Urzainqui se quedó a las puertas en una votación secreta que amparó que alguno de los 26 votos del cuatripartito traicionara su palabra y votara en blanco. El nombramiento necesitaba mayoría absoluta, así que decayó y con ese sabor de boca terminó la legislatura.

Para que eso no vuelva a ocurrir, en esta ocasión cambian varias cosas: la mayoría, con el PSN, es más amplia y no depende de cada voto. Y, sobre todo, en las normas para la elección se ha incluido un último punto que dice que “en caso de no obtenerse dicha mayoría se repetirá por una vez la votación”. Y si en ese segundo intento tampoco hay mayoría, el nombramiento decaerá.