El Parlamento foral ha avalado hoy la OPE de estabilización del Gobierno de Navarra. Un acuerdo firmado a primera hora de la mañana entre los socios del Ejecutivo foral garantiza la convalidación de los tres decretos a debate hoy, que se tramitarán por la vía ordinaria de forma que se podrán introducir cambios. El margen de modificación en cualquier caso es escaso.

Si los plazos previstos se cumplen, el Parlamento dará luz verde al proyecto antes de finalizar el periodo legislativo este mes de junio, de forma que para finales de año se puedan aprobar las convocatorias de empleo público, que deberán estar finalizadas antes de final de 2023. En total, el Ejecutivo foral prevé estabilizar 3.588 plazas actualmente ocupadas por interinos, en su mayoría mediante un concurso de méritos.

El sistema de elección y el reparto de plazas habían generado algunas críticas entre los socios del Gobierno, que finalmente se han solventado con un acuerdo minutos antes del iniciar el debate. PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos se comprometen a tramitar conjuntamente cualquier cambio en el trámite de enmiendas, con lo que el Gobierno se evita sorpresas indeseadas que pudieran cambiar en exceso el decreto debatido hoy. Se compromete no obstante a aceptar algunos de los cambios que planteen sus socios, que de momento no se han concretado. Del acuerdo vuelve a quedar fuera Navarra Suma.

Los cambios pactados

Cualquier cambio no obstante deberá cumplir tres condiciones imprescindibles para el Gobierno: Cumplir los plazos fijados por Estado, no generar ningún conflicto competencial con el Estado y garantizar una estabilización efectiva de las plazas de empleo público.

De momento, lo que las cinco fuerzas han acordado pasa por doblar la puntuación de los méritos a quienes aprobaron la oposición sin plaza desde 2009, realizar una nueva convocatoria durante 2025 para cubrir las plazas de personal fijo que pudieran quedar vacantes y extender el proceso de estabilización a las empresas públicas. Es posible no obstante que durante el proceso parlamentario se incorporen nuevos cambios.

Finalmente, el pleno ha convalidado los decretos con el voto a favor de PSN, Geroa Bai y Podemos, el voto en contra de Navarra Suma e I-E y la abstención de EH Bildu. Al mismo tiempo en la calle se ha celebrado una concentración del sindicato LAB que tachaba este Decreto Ley de "auténtica chapuza".

Según ha defendido el consejero de Función Pública, Javier Remírez, esta estabilización es "una urgente necesidad" para "la drástica reducción de la temporalidad". Ha subrayado que "Navarra ejerce así su autogobierno" en materia de función publica pero respetando el marco estatal para la seguridad jurídica.

Ha destacado igualmente el proceso de "diálogo y negociación desde el minuto uno" con sindicatos y fuerzas políticas, lo que ha conllevado la incorporación de distintas aportaciones "pese a las dificultades para integrar todos los puntos de vista".

A favor de la iniciativa, la socialista Inmaculada Jurío ha destacado el "alto nivel" de temporalidad en la Administración, un "vergonzoso" 43%, cuando "todos" los grupos de una u otra manera han tenido responsabilidades a lo largo de los años, y ha recordado que el Plan de Recuperación de Europa exige reducir la temporalidad pública y para ello se ha optado por concursos-oposición para el 19,5% de las plazas (699 plazas) y por concursos de méritos para el 80,5% (2.890).

Tras justificar también la figura del Decreto Ley Foral "por la premura de los tiempos", Jurío ha admitido que "puede tener margen de mejora" si posteriormente se tramita como ley donde los grupos podrán hacer sus aportaciones, pero ha advertido que "aquí todos nos tenemos que mojar" y eso implica no utilizar discursos "para favorecer intereses partidistas y réditos políticos" cuando se trata de "cumplir con los trabajadores públicos" y con la UE "para que nos permita seguir progresando en la salida de la crisis con fondos europeos".

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha considerado que el debate ha sido "vertiginoso en el último mes", un debate en la calle "tan bronco como emocional", y ha destacado que ha habido 20 años consecutivos de aumento de la bolsa de temporalidad y ahora un plan europeo para la recuperación que pasa por reducirla con unas medidas "inmediatas" y otras para prevenirla y evitar el fraude a futuro.

Pero lo "controvertido" y "rechazado por todos los sindicatos" son las reglas para llevar a cabo la estabilización con los procesos a convocar, ha indicado, y ha añadido que hubiera sido más adecuado elaborar con tiempo una Ley, al tiempo que ha aseverado que la valoración de los méritos que prevé el Decreto Ley debería ser "más acordes con las diversas situaciones" que hay dentro del empleo temporal y mayor el número de plazas a estabilizar porque "no se han sacado todas las posibles".

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha apostado por reducir la temporalidad, prevenirla y mejorar la planificación y la gestión con unas políticas públicas "coherentes" que permitan cubrir las necesidades, aunque ha aseverado que "el uso y abuso" se ha dado en toda Europa y de ahí las exigencias que recoge el plan de recuperación y que servirán para mejorar la calidad de vida de quines con su trabajo "levantan este país".

Ha valorado además el "gran esfuerzo" realizado con la representación sindical, aunque ha comentado que se podían haber buscado otras soluciones para estabilizar "plazas, no personas" y abogado por una reforma del Estatuto de la Función Publica que impulse una auténtica carrera administrativa sometida a evaluación.

En el turno en contra, la portavoz de NA+, Marta Álvarez, ha afirmado que el Decreto Ley llega "tarde y mal" y refleja una actitud "muy poco democrática" utilizada ya en 19 ocasiones en esta legislatura por el Gobierno, al que ha acusado asimismo de actuar en este caso "de forma chapucera y en fraude de ley", sin participación ciudadana y sin informes técnicos ni jurídicos, y ha asegurado además que es "mentira" que el Ejecutivo haya negociado con quien ha querido hacerlo.

Sí que ha compartido como "inasumible" una temporalidad del 43% de la que son responsables todos los Gobiernos "aunque no de igual forma", porque los de UPN la subieran un 2% y los Uxue Barkos y María Chivite un 15%, ha apuntado, y para combatirla ha admitido la necesidad de una solución "extraordinaria" pero mediante una ley, con seguridad jurídica y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Marisa de Simón, de I-E, ha mostrado su sorpresa porque el decreto se valide cuando salvo dos grupos todos los demás lo critican, y ha asegurado que este texto es "arbitrario" y recoge "agravios" que traerán problemas de seguridad jurídica, a lo que ha sumado que hay "altos grados de subjetividad", "desajustes importantes" en la valoración de los méritos, una "distorsión enorme" entre las plazas ofertadas y las plantillas orgánicas, y dificultades para futuros concursos de traslados.

"Se esta utilizando esta norma para modificar los procedimientos de acceso (a la administración) con carácter general", ha asegurado, y ha indicado que son "cosidos para generar rotos" porque un mismo procedimiento no sirve para todo y los criterios de selección deben guardar relación con la plaza a cubrir.

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha apuntado que la normativa sobre temporalidad y el abuso de la misma "no es un tema pacífico" ni "está en absoluto cerrado" desde el punto de vista jurídico, y en el caso de este Decreto Ley además la coalición abertzale mantiene una postura "crítica" con parte de su contenido, sin embargo con la abstención pretende evitar "el caos".

Por eso ha confiado en que en su tramitación como Ley su grupo pueda hacer distintas aportaciones ya que, ha afirmado, "no se ha ejercido adecuadamente el autogobierno", el número de plazas a estabilizar, el 60% de los interinos, es "escaso" e "insuficiente" y "huele a nombres y apellidos" en las previstas, además de que rechazan cómo se valora el euskera.