Ginebra - Venezuela se convirtió ayer en el primer país latinoamericano para el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creará una comisión que investigará los presuntos abusos del gobierno, en aplicación de una resolución impulsada por el Grupo de Lima y con la que Caracas ha advertido que no colaborará. La resolución, patrocinada por países como Colombia, Perú y Brasil, fue aprobada con diecinueve votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de México y Uruguay.
“Efectivamente, permitirá la rendición de cuentas de los responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, destacó tras la aprobación de la resolución Carlos Foradori, embajador de Argentina ante la ONU en Ginebra y cuyo país fue uno de sus impulsores.
La comisión investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurridos desde 2014 en Venezuela, y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
El texto de la resolución también condena “la extendida represión y persecución política en Venezuela”, recordando que el informe presentado este año ante el mismo Consejo por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.
La resolución, que contó con el voto favorable de España y otros países de la Unión Europea que son miembros del Consejo de Derechos Humanos, urge por otro lado a las autoridades venezolanas a liberar inmediatamente a todos los presos políticos.
Sanción de la Ue Los Veintiocho impusieron ayer sanciones a siete agentes de la Inteligencia venezolana por “graves violaciones de los Derechos Humanos”, incluido torturas, uso excesivo de la fuerza y maltrato a detenidos, cuatro de ellos directamente implicados en la muerte del capitán Rafael Acosta, que murió en junio bajo la custodia de las autoridades.
Las sanciones -que implican la congelación de sus bienes y activos bajo jurisdicción europea y la prohibición de entrada en la UE y fueron aprobadas formalmente ayer- entraron en vigor de forma inmediata.
En concreto, el bloque sancionó al mayor de la Guardia Nacional Bolivariana Néstor Blanco Hurtado, al director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Rafael Ramón Blanco Marrero, uno de los cuatro agentes relacionados directamente con la muerte del capitán Acosta, y al alto mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Carlos Calderón, así como al jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Alexis Enrique Escalona Marrero. - Efe/E.P.
