La orgía gay de Szájer complica la estrategia del ultra Orban en Europa

El escándalo sexual amenaza con condicionar la situación de Fidesz y el propio Viktor Orbán en su familia política en Bruselas, el Partido Popular

03.12.2020 | 17:18
József Szájer, eurodiputado y desde 2004 la voz del primer ministro húngaro Viktor Orbán en Bruselas

El escándalo del eurodiputado conservador húngaro que se saltó las restricciones contra el coronavirus para asistir a una orgía gay podría condicionar la situación de Fidesz y el propio Viktor Orbán en su familia política en Bruselas, pero no tanto en su bloqueo del plan de recuperación pospandemia.

La presencia de József Szájer, uno de los fundadores de Fidesz y arquitecto de su deriva ultraconservadora, en la fiesta sexual descubierta por la policía en la capital belga ha sido blanco de críticas al señalarse que él mismo redactó una enmienda a la Constitución húngara para defender el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Ante al silencio generalizado en público de sus colegas del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, el siempre lanzado presidente del partido, Donald Tusk, ha sido quien ha alzado la voz en su Twitter para plantear una pregunta: "¿Qué más tiene que hacer Fidesz para que os deis cuenta de que simplemente no encajan en nuestra familia?".

El Gobierno húngaro, en mayoría absoluta desde hace más de una década tiene desde hace casi dos años un frente abierto con Bruselas por sus medidas que menoscaban la independencia judicial y la separación de poderes, a raíz de las cuales se le abrió un proceso sancionador que podría derivar en la retirada de su derecho a voto en el Consejo de la Unión Europea (UE).

LA SITUACIÓN DE FIDESZ EN LA EUROCÁMARA

Pese a esta amenaza, ni la Comisión Europea ni su familia política conservadora han logrado avances con el gobierno de Orbán, cuyo partido lleva casi dos años suspendido como miembro del Partido Popular Europeo después de que en marzo de 2019 doce delegaciones de la familia política forzaran un voto al respecto.

En aquel momento, el detonante fue una dura campaña de Orbán contra el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que también pertenecía al PPE, y este año de nuevo trece delegaciones del partido han vuelto a pedir la expulsión de la sección húngara.

La pandemia mantiene sin fecha la asamblea política en la que se debatiría esta expulsión, ya que debe celebrarse un voto en persona y las actuales restricciones sanitarias impiden este tipo de eventos multitudinarios.

No obstante, este frágil equilibrio reabre el debate de si es más conveniente cortar por lo sano o mantener a Fidesz bajo el ala del PPE para que no pase a engrosar las filas de los grupos conservador o ultraderechista en la coyuntura actual de ascenso de la extrema derecha y el populismo.

Sin relación con el incidente de la orgía, varios diputados populares se están movilizando para expulsar al actual jefe de la delegación húngara, Tamás Deutsch, quien recientemente acusó al líder del grupo, Manfred Weber, de expresarse como la Gestapo o la policía secreta húngara durante el comunismo al decir que Hungría no tenía nada que temer si cumplía con los valores del Estado de Derecho.

"Comparar nuestro apoyo al Estado de Derecho con los métodos de la Gestapo o estalinistas es un insulto para todos nosotros en PPE. Comparar la Unión Europea con la opresión nazi o comunista es una distorsión flagrante e intolerable de hechos históricos y un insulto y vilipendio de los millones de víctimas del nazismo y el comunismo", escribe el popular austríaco Othmar Karas.

Karas ha empezado ya a recoger firmas dentro del partido para pedir la expulsión de Deutsch del grupo popular en la Eurocámara y solicita que se decida al respecto el próximo 9 de diciembre en un voto que necesita el apoyo de dos tercios de los miembros del partido para salir adelante.

En la noche del miércoles, el diputado austríaco afirmaba en Twitter contar con 30 firmas a favor de la expulsión de un total de 187 eurodiputados, a una semana de que se celebre la votación.

¿Y EL VETO AL PRESUPUESTO?

Por si fuera poco, el Gobierno húngaro veta junto al polaco el paquete presupuestario de 1,8 billones de euros, que incluye los 750.000 millones del fondo de recuperación y el presupuesto entre 2021 y 2027, por su oposición a vincular el desembolso de fondos al cumplimiento de los valores del Estado de Derecho.

Su intento de desterrar esta condicionalidad se ha encontrado con el rechazo frontal de los 25 países restantes y el Parlamento Europeo, quienes se niegan a reabrir el acuerdo, y la Comisión, quien ya estudia fórmulas para sacar adelante el plan presupuestario sin Budapest y Varsovia.

Alemania, que preside este semestre el Consejo, está ejerciendo de mediador con estos dos países en busca de una solución para no retrasar más la puesta en marcha de estos fondos, que varios países esperan como agua de mayo tras el duro golpe económico de la pandemia.

¿Será la caída de uno de los hombres fuertes de Orbán en Bruselas la clave para que el primer ministro retire su bloqueo al paquete presupuestario? La investigadora Camino Mortera-Martínez, del Centro para la Reforma Europea (CER), no cree que este incidente vaya a ser determinante.

"Este escándalo nos puede hacer mucha gracia, pero en realidad el quid de la cuestión está en lo que haga Alemania y lo que haga la Unión Europea en bloque contra este veto", predice la analista, que cree que al club comunitario le tocará "asumir el peor escenario: que siga el veto y que este escándalo no tenga mayor importancia en la estrategia política de Orbán".

Mortera-Martínez tampoco cree que Hungría o Polonia se estén marcando un farol respecto a lo lejos que llevarán su bloqueo, ya que, opina, Orbán perdería más en términos de imagen doméstica si aceptase la condicionalidad al Estado de derecho que lo que dejaría de ingresar al no ponerse en marcha el fondo de recuperación.

Por ello, se muestra partidaria de avanzar sin Budapest y Varsovia para poner en marcha el fondo, a través de mecanismos como la cooperación reforzada -que permite que un mínimo de nueve países pueda emprender una iniciativa común sin que se sumen el resto de socios- o un acuerdo intergubernamental, que ya dio lugar a una estructura como el fondo de rescate de la eurozona.
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