pamplona - Una encomienda importante tenía la comisión de control: velar por el cumplimiento de la normativa, los estatutos de la entidad. Una tarea que ayer quedó claro que no fue todo lo exhaustiva que cabría esperar. Lo dejó claro la parlamentaria Arantxa Izurdiaga (EH Bildu) recurriendo a tres episodios: cuando la comisión de control no veló porque el Gobierno de Navarra emitiese la autorización para segregar los activos y pasivos de Can a favor de Banca Cívica; cuando la despolitización era más una declaración de buenas intenciones que una realidad; y cuando Control no reaccionó al saber, al menos de manera oficiosa, que un órgano interno sin sujeción estatutaria estaba reuniéndose y pagando dietas, como era la comisión permanente de la junta de entidades fundadoras. La sensación es que el Gobierno de Navarra promocionó una comisión de control de perfil bajo -Sarría llega a la Can propuesto por el propio Sanz- que o no consideró oportuno reaccionar o creyó que los movimientos estaban en orden.
sin necesidad de ‘protocolo’ Sobre los procesos de fusión, Izurdiaga recordó que Comptos, en un informe de 2014, recoge que los estatutos obligaban al Gobierno -al menos desde 2000- a expedir una autorización en caso de fusión. Esa autorización, dice el órgano fiscalizador, no llegó a realizarse. Y de que se llevase a cabo tuvo que velar la comisión de control, en la medida en la que tenía encomendado hacer que se cumpliese la normativa interna. “¿La comisión de control debería haber controlado eso, no se planteó ese debate?”, cuestionó Izurdiaga. “Estando yo de presidente no, y de vocal no recuerdo”, dijo quien sucedió a Barcina al frente del órgano en 2010 y 2011, y zanjó el tema asegurando que no se tenía duda de que el Gobierno foral “estaba de acuerdo. Otra cosa es que se protocolizara en un documento, pero no teníamos duda de ninguno de los procesos, en parte porque Sanz y Miranda estaban presentes”, aclaró. - A.I.R.
