Navarra ha reclamado al Estado una decena de veces autorización para invertir los 113 millones

Desde la llegada de Sánchez, Hacienda se ha puesto en contacto en siete ocasiones con el Ministerio, que ha dado largas o no ha respondido
Barkos ha enviado una carta al presidente y ha solicitado al PSOE que facilite una solución
El Gobierno confía en que se le permitirá gastar el superávit de 2017

07.02.2020 | 08:04
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el exministro Cristóbal Montoro, en el Congreso.

Pamplona - El Gobierno de Navarra se ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez al menos una decena de veces para tratar el destino del superávit de 2017 y recibir la autorización para realizar las inversiones por 113 millones recogidas en la proposición de ley presentada la semana pasada. Un proyecto de obras y mejoras en infraestructuras que el Ejecutivo autonómico quiere poner en marcha antes de que finalice el año sin que todavía haya recibido respuesta afirmativa por parte del Gobierno central, que podría vetarlo si interpreta que Navarra incumple la regla de gasto presupuestario.

Es lo que trata de evitar el Gobierno de Navarra, que casi cuatro meses después de la toma de posesión del Gabinete socialista todavía no ha recibido respuesta, ni favorable ni contraria, en un asunto que es de mera voluntad política. "Tenemos ese dinero, tenemos la previsión de estos proyectos, y tenemos la norma que lo avala. Solo nos queda que lo acepte el Estado", relataba el pasado viernes las presidenta Uxue Barkos.

Pero la respuesta todavía no se ha producido. Y no es precisamente por la falta de insistencia de la parte navarra, que desde junio viene llamando a la puerta. En la mayoría de ocasiones ha sido el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, quien hasta en siete ocasiones se ha dirigido por carta, teléfono y mail a la ministra María Jesús Montero, y a las secretarias de Estado de Presupuestos, María José Gualda, y de Hacienda, Inés Bardón, para hablar tanto de las inversiones como de otros temas pendientes sin que haya mediado una respuesta. La última, la semana pasada, cuando remitió una carta y un correo electrónico a la secretaria de Estado de Hacienda. Todos estos contactos se han despachado con una larga cambiada o directamente sin que devuelvan la llamada.

Igualmente, la presidenta, Uxue Barkos, ha reclamado al Gobierno central una salida al proyecto de inversiones. Lo hizo por carta al presidente Pedro Sánchez nada más tomar posesión, emplazándole a superar la lectura restrictiva que el Gobierno de Rajoy venía haciendo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y permitir un mayor margen de inversión a las comunidades. Y lo ha hecho recientemente también a través de la dirección federal del PSOE, a quien le ha solicitado que traslade al Gobierno central la urgencia que este trámite tiene para Navarra.

Un paso adelante Finalmente, sin respuesta de Madrid y ante el riesgo de que por un problema de plazos Navarra no pudiera acometer las inversiones que tiene previstas, que legalmente deben estar licitadas y adjudicadas antes de que acabe el año, Gobierno y cuatripartito han optado por registrar una proposición de ley para iniciar los trámites administrativos. "No podemos esperar más", subrayaba la presidenta.

Se trata de un proyecto de 113 millones de inversiones en el que las cuatro fuerzas políticas y los distintos departamentos vienen trabajando prácticamente desde principios de año. Se han priorizado las actuaciones que el Gobierno estaba en disposición de acometer de forma inminente, y que se enmarcan dentro de lo que la legislación estatal reconoce como "inversiones financieramente sostenibles", desde el cuidado de carreteras a mejoras en instalaciones educativas, sanitarias y deportivas. Y que en algunos casos resultan además imprescindibles tras años de recortes y de abandono en muchas infraestructuras públicas.

La propuesta inicia hoy el trámite parlamentario, y lo hace en lectura única, por lo que su aprobación podría ser definitiva en el pleno del próximo 4 de octubre. A partir de ahí, serán el Gobierno y los ayuntamientos, para quienes la ley también recoge 20 millones en inversiones, quienes abran el proceso de concurso, licitación y adjudicación de las obras, que deberá estar finalizado antes de final de año. De esta forma, los trabajos se podrán acometer a lo largo de 2019.

Antes, no obstante, el Gobierno foral confía en lograr el visto bueno del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que al menos públicamente se ha mostrado partidario de flexibilizar las políticas de austeridad aprobadas por el PP, y de dar margen a las comunidades autónomas para recuperar gasto en un momento en el que la economía empieza a mostrar síntomas de debilidad.

Barkos tiene pendiente además una reunión con Sánchez en la Moncloa dentro de la ronda que el jefe del Gobierno viene manteniendo con todos los mandatarios autonómicos por orden de aprobación de su estatuto. Un encuentro protocolario, pero que puede servir para desatascar varios asuntos que ambas administraciones tienen pendientes de resolver, como la construcción de la alta velocidad, los compromisos presupuestarios anunciados por UPN y PP y que por diversos motivos no se están ejecutando, así como la actualización de algunos aspectos técnicos del Convenio Económico que quedaron pendientes el pasado año.

Cuestiones que evidentemente no son prioritarias para el Gobierno de España, y mucho menos para el Ministerio de Hacienda, más preocupado en aprobar el techo de gasto en un Congreso en el que está en minoría, negociar con Bruselas el margen de déficit y pactar los presupuestos del próximo año. Pero que equivalen al 3% del presupuesto anual de Navarra, y que el Gobierno foral, con el apoyo del cuatripartito, quiere acometer después de tres años en los que ha logrado ordenar las cuentas públicas, reducir el déficit y mejorar la recaudación.

Un escenario que recuerda en parte a la actualización del Convenio Económico con el PP en el Gobierno, bloqueada durante meses, pero que finalmente se solventó de forma satisfactoria por ambas partes. De hecho, el superávit de 2017 proviene en buena medida de los ajustes por la aportación anual. 215 millones que Navarra pagó de más al Estado, y que hubiera podido invertir sin problema los ejercicios correspondientes si el Estado no se hubiera retrasado la negociación varios años.

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